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Proteger la protección social Carlos Sojo Cobra fuerza en América Latina la convicción de que las políticas públicas no se mantienen a menos que se haga algo para evitar que desaparezcan. Al parecer la acción pública se ha tornado volátil, temporal, sensible en extremo a los cambios del tiempo político, del clima social o del ritmo económico. Donde las necesidades son permanentes, las políticas van y vienen, hoy con un nombre y una ambición, mañana con otros propósitos apenas emparentados. El fenómeno llama la atención sobre la necesidad de políticas de Estado, frase para distinguir la longevidad de la acción pública, frente a la circunstancia corta de las orientaciones gubernamentales de turno. Ahora se dice que las políticas hay que protegerlas de amenazas externas que acortan su vida, incluso se afirma, en grave metáfora de tiempos violentos, que las políticas hay que blindarlas. Pensando en políticas sociales, cuyo objetivo es la protección social en extenso, la pregunta es: ¿de qué hay que proteger a las protecciones? La respuesta, por supuesto, depende principalmente del tipo de políticas, pero hay algunos riesgos generales a las que todas se enfrentan y que parecieran afectar no solamente a las políticas sociales sino al quehacer político en su conjunto. Y las protecciones, los blindajes, pueden ser también de distintos tipos. En este momento solo me referiré a dos: a los del financiamiento y a los de la política, o quizá mejor decir, de la politiquería. Lo más evidente es la protección de los recursos a disposición de las políticas sociales y para ello hay que asegurar su afluencia fiscal, es decir, que existan; su uso apropiado, es decir eficiente; y su tutela administrativa, o sea que no se pierdan en el camino para beneficio de ambiciones corrompidas. Para garantizar los recursos las fórmulas preferidas son el destino específico de impuestos o la fijación de límites constitucionales. Distorsión política. Proteger para asegurar el mejor uso posible es más complicado porque la definición del gasto eficiente no es una cuestión “objetiva” incontrovertible: lo que para unos es duplicidad o errores de selección, para otros puede ser complementariedad o atención a poblaciones vulnerables. Finalmente la lucha contra la corrupción es más fácil de acometer pero resulta inacabable porque es infinita la posibilidad del abuso. La lucha contra la corrupción es una tarea permanente, y no hay sistema inmune por mejor que sea su diseño institucional. Pensar de otra manera, puede ser altruista, pero es claramente equivocado. Otra línea de riesgos a los que las políticas sociales se han de enfrentar se refiere a los intereses de capturar programas sociales en beneficio de intereses partidarios, cuando son de grupo, o simplemente politiqueros, cuando no recogen más que ambiciones personales. No hay mejor manera de comprar voluntades electorales o resistencias sociales que por medio de prestaciones fiscales, plata o ayudas en especie, otorgados por funcionarios públicos que antes que servidores, primero son acólitos de partido, o candidatos en ciernes. Esta es una distorsión de la responsabilidad política que debe ser siempre denunciada. Efectivamente las políticas públicas pueden beneficiarse de la impronta de fuerzas políticas e individuos emprendedores, pero, cuando asumen la forma de política pública, acción gubernamental, pasan al patrimonio social colectivo y no son más propiedad intelectual del partido político que las origina. Así la institucionalización, por medio de la ley y la práctica administrativa, protege a la sociedad de la espuria asociación de políticas con personas, o de la intencionada confusión de protecciones sociales entregadas por el Estado con recursos provenientes de impuestos que todos pagamos, con dádivas generosas provenientes de mecenas de los recursos públicos. La institucionalización alarga la vida a las políticas cuando están adecuadamente fundadas y le acorta la existencia a las ocurrencias de oportunidad. En el fondo la idea más simple tras la protección o el blindaje de las políticas públicas estriba en la disminución, al máximo posible, de la discrecionalidad de los funcionarios. Pero, además, en el fortalecimiento ciudadano de su derecho a disfrutar de beneficios colectivos. En síntesis, funcionarios honrados atados por mecanismos institucionales que se respetan porque son razonables y conocidos, y ciudadanos con derechos, capaces, incluso, de denunciar el juego con ventaja cuando no les dañe.
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