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Foto Principal: 1549115
El mandatario boliviano, Evo Morales, se despide del presidente saliente de la estatal boliviana YPFB, Manuel Morales.
EFE
Pocos logros tras once meses del plan

Bolivia con fuertes tropiezos en nacionalización

En 12 meses la petrolera estatal ha visto pasar tres presidentes
Evo Morales reconoce errores en los 44 contratos firmados


La Paz. EFE. La nacionalización de los hidrocarburos que dictó en mayo del 2006 el mandatario boliviano, Evo Morales, ha dejado más escándalos que resultados.

Desde ese momento han debido dejar sus puestos tres presidentes de la petrolera estatal, un ministro, tres viceministros y tres superintendentes del sector.

El mayor éxito de Morales en su primer año de gobierno, la supuesta toma del “control absoluto” del negocio petrolero, elevó entonces su popularidad al 81%, pero se desmorona por una cadena de crisis y escándalos, coinciden analistas y prensa local.

El viernes, Morales reconoció “errores” en la tramitación de 44 contratos firmados en octubre con 12 empresas, entre las que figuran la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga Total, y nombró a su cuarto presidente de la petrolera estatal.

Un repaso a los artículos del decreto de nacionalización revela que casi ninguno está en vigor, advierten no solo analistas, sino incluso exfuncionarios de Morales como su primer ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

El monopolio de la comercialización de los hidrocarburos que el decreto otorga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está lejos todavía de ser real.

Paso lento. La prometida “refundación” de la empresa estatal naufraga con presidentes que duran 57 días, como el último, Manuel Morales Olivera, cesado por errores en la tramitación de los contratos petroleros, que no entran en vigor aunque se firmaron hace cinco meses.

La recuperación estatal del control de cinco empresas mixtas, incluidas dos refinerías de Petrobras y una filial de Repsol, tampoco se cumplió. Prácticamente lo único que expropió Morales son acciones de las compañías que teóricamente pertenecían a los bolivianos y administraban dos gestoras de pensiones, una filial del banco BBVA y otra del grupo suizo Zurich.

Hasta Soliz, que compartió con Morales el protagonismo propagandístico de la nacionalización en mayo, rodeados ambos por militares en un pozo de gas de Petrobras, Repsol y Total, ha dicho que aquel decreto no se cumple.

En un reciente artículo en el diario La Prensa , el exministro pregunta: “¿Por qué las petroleras pretenden cobrar precios internacionales al consumidor interno? Toda la cadena productiva, salvo mínimas excepciones, sigue en manos foráneas”, cuestiona Soliz.

Ante el Senado, que investiga el escándalo de los contratos, Soliz dijo que sería conveniente volver a empezar las negociaciones.

Los analistas destacan además que los escándalos –más que la nacionalización en sí misma– frenaron las inversiones en Bolivia.

Al destituir a Morales Olivera, décimo ejecutivo desechado del sector petrolero en menos de un año, el presidente admitió estar “convencido de que garantizar las transformaciones profundas tiene algún costo”.

El fin de Morales Olivera se perfiló hace dos semanas, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, reveló que el gobernante le había reclamado “con violencia” por los yerros.

El cesado, cuyo nombramiento en enero pasado ya fue polémico, es hijo de un dirigente del partido gubernamental, Manuel Morales Dávila, y hermano de la directora de aduanas, Marcia Morales.

Cuando se objetó su designación el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que fue nombrado por “antecedentes familiares”.

Desde fines de enero, Morales admitió ante una comisión multipartidaria del Senado, controlado por la oposición, que negoció de forma verbal compensaciones, sin autorización del directorio de la compañía con las multinacionales después de firmados los contratos.

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