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Estado reclama $135 millones por daños en caso CCSS-Fischel Los bienes embargados cubren solamente el 12,2% del daño alegadoAcciones civiles procuran compensar daños materiales, morales y sociales Ernesto Rivera y Hazel Feigenblatt erivera@nacion.com El Estado costarricense presentó dos demandas civiles por $135,2 millones como reclamo por los daños ocasionados en el caso CCSS-Fischel. Se trata de dos reclamos civiles independientes: uno lo presentó la Procuraduría General del Estado (PGR), por $89 millones, y el otro, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por $46,2 millones. Hasta ahora, la Procuraduría ha hecho embargos y decomisos preventivos contra los bienes de los acusados, que junto con la devolución de dinero, ascienden a un total de $16,5 millones. Ello equivale a solo el 12,2% del monto que se les está reclamando. Las dos acciones civiles fueron establecidas en contra de las ocho personas que el Ministerio Público acusó el viernes 16 de marzo por el caso CCSS-Fischel. Se trata del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, el empresario Walter Reiche Fischel, el expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas García, y el exdirectivo de la CCSS Gerardo Bolaños Alpízar. También se acusó al exgerente de modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez Arguedas; al exgerente financiero de Corporación Fischel, Olman Valverde Rojas; al exgerente de O. Fischel R., Marvin Barrantes Vargas, y al exabogado de la Corporación Fischel, Randall Vargas Pérez. A todos, la Fiscalía los acusa de participar de un plan delictivo que impulsó la compra de $39,5 millones en equipo médico para la CCSS, a cambio de obtener retribuciones ilícitas. Solidarios entre sí. La Procuraduría y la CCSS persiguen que los ocho acusados respondan, en conjunto y manera solidaria, para compensar el daño social y económico y moral ocasionado tanto a la Caja como institución como a la colectividad costarricense. En el caso de la Caja, la demanda es por un total de $46,2 millones. Según el presidente ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, ese es el monto total de los daños materiales y morales que se les causó . Del total de $46,2 millones que reclama la CCSS, $31,2 millones son la estimación del daño material ocasionado. Esta cifra contempla los daños causados por lo que la acusación presentada por la Fiscalía considera fue la compra de equipo innecesario y el sobreprecio que se habría pagado. También, por el costo de oportunidad del dinero del presupuesto ordinario de la CCSS ($7,5 millones) que se destinó a ampliar la compra original. La Caja estimó el daño moral sufrido por la institución en otros $15 millones. En el caso de la Procuraduría, el reclamo es por $89 millones. Con esta cifra se busca compensar el daño social y económico ocasionado a la colectividad costarricense. La procuradora general, Ana Lorena Brenes, rehusó a explicar la metodología utilizada para calcular este monto por considerar que esa explicación debe realizarse, no a través de la prensa, sino dentro del proceso judicial. Brenes señaló que es la primera vez en la historia de Costa Rica que se pide compensar el daño social que causa un caso de corrupción. “Si ya decimos por qué determinamos (el monto), de una vez nos empiezan (los acusados) a discutir si está bien o si no está bien. Ese concepto nosotros necesitamos discutirlo dentro del proceso, donde ya aportamos pruebas”, dijo Brenes. Doryan señaló que el juez que instruye la causa deberá fijar una fecha para reunir a los demandantes y a los demandados. La procuradora aclaró que el juez también tiene potestad para validar o no la metodología utilizada para calcular los reclamos presentados.
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