Magistrados califican análisis de “débil”, “equivocado”, “insuficiente” y “descontextualizado”

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El Tribunal de Juicio, no obstante su extensa exposición doctrinal sobre la importancia del bien jurídico en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, de nuevo olvida que en este caso el bien jurídico que se pretende proteger no es el patrimonio del Estado o de sus instituciones, sino la probidad con la que deben actuar los funcionarios públicos en torno a los bienes o dineros que se les entrega para su administración, percepción o custodia.

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Cuando el fallo centra su argumentación en que la página de la publicación hubiera costado lo mismo, con o sin el párrafo laudatorio al doctor Vargas García; en que las dietas de los directivos costaron exactamente lo mismo porque se les paga por sesión asistida y no por temas tratados (donde la publicación fue solo uno más); en que los salarios de trabajadores subalternos tampoco incidió en las finanzas (...); o cuando, en fin, se distrae el Tribunal contando el número de palabras del manifiesto público (sin reparar en la calidad de conceptos supuestamente solidarios o elogiosos y su posible impacto en el momento de los hechos); o calculando los costos ínfimos (“ridículos”, los llama el a quo) de horas laborales o suministros, pierden una oportunidad trascendental para valorar lo que realmente estaba en juego, a saber, definir si la denuncia pública contra el más alto jerarca de una institución, ciertamente emblemática en la historia nacional, había sido legítimamente -o no- defendido por sus compañeros de junta directiva, y si esas acciones de alguna manera tenían que ver con la probidad en la gestión pública (...). Es evidente que los juzgadores dieron énfasis a aspectos secundarios y no esenciales de los hechos investigados y de la eventual configuración de la acción delictiva acusada. La cuestión no se supera sino, por el contrario, se vuelve argumentación contradictoria, cuando los juzgadores reconocen que hubo en la especie una infracción ética, que prefieren llamar simple “desliz”, ajeno al ordenamiento jurídico penal.

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...no se puede estimar como un acto “medieval”, “inquisitivo” o “irracional” de parte del Ministerio Público, el haber acusado a los justiciables por supuestamente ordenar una publicación en donde se expresa solidaridad y apoyo moral a un exfuncionario de la institución, el doctor Eliseo Vargas García, al momento de estar seriamente cuestionado, pues dicho proceder respondía, en tesis de principio, al hecho de que el bien jurídico que se veía afectado en este caso, no era tanto el patrimonio del Estado, como por el contrario, los deberes y probidad con la que debían actuar los acusados en torno a los bienes que tenían bajo su administración.

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Si una de las premisas de las que parte el Tribunal para absolver a los imputados, consistió en la insignificancia de la lesión al bien jurídico, que no se vio disminuido o afectado (patrimonialmente) como consecuencia de la cancelación que se hizo de los campos pagados (...), no cabe duda alguna que se equivocó.

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...no solo no se valoró la totalidad de la prueba recibida en debate, lo que hace que el análisis sea insuficiente, sino que además se hace de manera descontextualizada.

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...independientemente de la abundancia de la prueba recibida (...), tenía que valorarla (el Tribunal) o examinarla en su totalidad, y no solo en los extremos o puntos que interesaban o favorecían la tesis que asumieron de entrada en torno a este caso, sino también en relación con cualquier otro aspecto distinto o contrario a ella, (...) Al no haber actuado de esta forma, perdió consecuentemente rigurosidad y objetividad con la que -se supone- debió haber actuado en este punto.

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Resulta evidente la debilidad del razonamiento y fundamentación expuesta por el Tribunal.

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... queda claro que el Tribunal de Juicio inobservó no sólo las normas de orden procesal al momento de emitir el fallo, sino también las de naturaleza sustantiva.

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Exdirectivos de la CCSS serán juzgados de nuevo

La Sala III ordenó juzgar de nuevo a los directores de la CCSS que publicaron campos pagados en los que se defendió a Eliseo Vargas García.