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Tráfico de influencias en Migración sería delito Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com Usar el cargo para influir en la decisión de un trámite migratorio será un delito sancionable con cárcel, establece el proyecto de la nueva Ley de migración que el Poder Ejecutivo envió ayer a la Asamblea Legislativa. El delito de tráfico de influencias es uno de los que se crea en el plan que reforma la cuestionada ley vigente, que se ha aplicado a medias por falta de condiciones y por contradecir políticas del Gobierno de Óscar Arias. La penalización del tráfico de influencias en materia migratoria ayudaría a combatir la corrupción que ha primado durante años en Migración y Extranjería, como se ha demostrado en meses recientes con casos de tráficos de visas para ciudadanos chinos. Otro delito estipulado en el proyecto de ley es la trata de personas; es decir, forzar a alguien a someterse a explotación sexual o laboral, informó ayer el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal. La pena va de los 10 a los 16 años. “Estas figuras ayudarán a combatir la corrupción en Migración y su función al servicio de redes explotadoras”, agregó Berrocal. Otra innovación es la inclusión de un canon de ¢9.000 mensuales a cada inmigrante, que sirva para financiar los servicios públicos que reciben, como salud y educación. El plan también quita a la Policía de Migración a potestades que se estiman excesivas, como detener a un foráneo por la sospecha de que no está regularizó. El Ministro aseguró que el nuevo articulado incluyó criterios de otros partidos y de numerosos sectores interesados en el tema. En el país hay casi un millón de extranjeros (unas 600.000 en condiciones legales y unas 300.000 sin documentos en regla). El Gobierno aspira que que los diputados dictaminen el plan antes del 30 de abril.
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