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Contraloría, IDA y Gobierno Carlos Bolaños Céspedes Profesor de Derecho Agrario La Contraloría General de la República ha divulgado un riguroso análisis sobre el cumplimiento de objetivos y vigencia de las funciones que cumple el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Entre sus recomendaciones, plantea al Consejo de Gobierno dos opciones: un proceso ordenado de cierre o, en su defecto, determinar otras alternativas que satisfagan los objetivos planteados al crear la institución. Consideramos sería un error histórico optar por el cierre de la entidad. En nuestro país, la pobreza rural no se ha resuelto; lejos de ello, se incrementa, pero incluso podría ser peor si no hubiera existido el IDA. Esa institución se creó en 1961, en el marco de los procesos de reforma agraria latinoamericana, impulsados por EE. UU. mediante la Conferencia de Punta del Este. Se pretendía en ese entonces reformar la estructura de la tenencia de la tierra en el continente para evitar estallidos sociales inminentes. Desfase. En Costa Rica se creó el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), el cual le hizo frente —a mi juicio, con cierto grado de éxito— al problema de acceso a la tierra de campesinos pobres y nos evitó muchos de los sufrimientos que vivieron otras naciones de Centroamérica. Los instrumentos legales con que se dotó al ITCO para resolver los problemas agrarios en esa época son los mismos con que cuenta el IDA hoy, los cuales están superados y totalmente desfasados de la realidad. En 1982, se reformó la Ley de tierras , pero su cambio fue meramente cosmético, pues lo que se hizo fue darle un nuevo nombre a la entidad. Hoy, como es reconocido por todos, los tiempos han cambiado, y de lo que se trata es de transformar a esa gran cantidad de pequeños campesinos pobres en productores agrarios y luego empresarios exitosos. El IDA cuenta con más de 800 asentamientos, que pueden ser emporios de riqueza si se trabaja en una ley sobre desarrollo rural sostenible, como la tienen otras naciones latinoamericanas y europeas. Dirección renovada. Se trata de dotar a un instituto de desarrollo rural de instrumentos de gestión para incubar y desarrollar empresas agropecuarias con la visión de la agricultura multifuncional (desarrollo de agroturismo, servicios ambientales, agricultura orgánica, etc.), apoyándolas para que se inserten exitosamente en el mercado local e internacional, con una visión que contemple aspectos de género, respeto al ambiente y estímulo a los jóvenes empresarios. Por supuesto, habría que establecer controles firmes para evitar el clientelismo y la corrupción. De acuerdo con el Informe de la Contraloría, el IDA tiene un superávit de 10.688 millones de colones. Se trata de la entidad del sector agropecuario mejor financiada. Sería un retroceso histórico perder ese patrimonio, sobre todo de cara a los retos del país, en caso de aprobarse el Tratado de Libre Comercio (TLC), en lo que se ha denominado la agenda complementaria. En toda crisis hay oportunidades. La llamada de atención de la Contraloría no puede ser interpretada como un llamado a desmantelar el Estado Social de Derecho, sino que esta debe constituirse en una oportunidad para enderezar el rumbo, manteniendo los ideales de una Costa Rica en busca de la equidad y el desarrollo sostenible.
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