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EDITORIAL

Síntomas graves

Una serie de síntomas en la educación, de orden moral, académico e ideológico, exigen atención preferente
Este estado de cosas está comprometiendo seriamente el presente y el futuro del país


Algunas denuncias aisladas sobre una actividad pública o privada no permiten extraer conclusiones definitivas. Sin embargo, cuando son graves, concordantes y se han sucedido por mucho tiempo sobre una función específica del Estado, hay razones suficientes para dar la voz de alarma. Este es el caso, entre otros, de la educación pública, desde el punto de vista administrativo, moral y académico.

Si hemos insistido en esta cuestión, es por su propia trascendencia y porque estamos convencidos de que esta es una oportunidad especial para sacar a flote muchos problemas acumulados y para enfrentarlos con determinación y visión, antes que los intereses creados y la miopía política monten, otra vez, sus tablados e impidan airear, renovar y fortalecer la educación pública. Esperamos no equivocarnos. Este es el gran reto de la actual administración. Comenzamos con la última noticia sobre la educación pública en la saga de estos años. Un educador, para más señas director de un colegio, en San Carlos, cobraba, al parecer, fuertes sumas de dinero para “mejorar” las notas de los alumnos aplazados. Se le capturó después de recibir ¢60.000 en billetes previamente marcados. No es esta la primera vez que esto ocurre. Además, si los alumnos pagan estos montos, hay un filántropo tras ellos: sus propios padres, lo que agrava la situación porque tampoco esta es la primera vez. Esta noticia debe, a la vez, relacionarse con los brotes de violencia en algunos colegios en estos días y, más aún, con la interpretación ideológica que le han dado algunos profesores, presentándolo todo como la respuesta estudiantil al neoliberalismo. El otro capítulo de esta saga ha sido la exhibición de la magnitud del clientelismo político incrustado en el nombramiento de los educadores, mezcla de corrupción, cinismo e impunidad por muchos años, lo que sumado a la mala preparación de muchos profesores, según se ha comentado en estas semanas, presenta un cuadro oscuro y doloroso en el sistema educativo.

No es de extrañar, entonces, que los dirigentes sindicales del Magisterio, no más encuentran un resquicio, sencillamente piden a sus agremiados, como sucedió ayer, la suspensión de las clases, sin reflexionar ni lejanamente en el daño moral y académico infligido a los alumnos, precisamente a los más pobres, pues estas cosas no ocurren en la educación privada, de primaria, secundaria o universitaria, discriminada, por cierto, por el propio Estado. En esta el tiempo vale. Cada uno de los datos citados es grave por sí mismo y, además, por su reiteración por muchos años. Sin embargo, en esta ocasión, estas denuncias tienen lugar en un marco en extremo peligroso. El TLC ha servido para detectar el elevado grado de penetración ideológica, contraria a los valores democráticos, en algunos sectores de la educación pública, en todos los niveles, mediante la manipulación de los alumnos por profesores, dirigentes sindicales y no pocas autoridades de dichas instituciones.

Los prejuicios, la simplificación, la manipulación de la realidad y de los hechos históricos, y hasta la exaltación de dirigentes políticos extremistas y populistas han sido, en estos meses, moneda de curso corriente. Al parecer, estamos recogiendo los frutos de muchos años de un tipo de educación sin raigambre en el conocimiento, en los valores y en la autoridad, ni en el esfuerzo, y, como tal, expuesta a la instrumentalización de los jóvenes y de la sociedad y, peor aún, al fomento del odio y de la violencia. La restauración de los principios y valores de la educación y, con ella, de la política y de la democracia se nos presenta, en este marco social, como una tarea inminente, eminente y decisiva.

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