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El exdirectivo de la CCSS, Gerardo Bolaños Alpízar, era socio de Rafael A. Calderón en un bufete.
Archivo
Afirma que comunicó porcentaje de retribuciones ‘ilícitas’ a demás imputados

Fiscalía acusa a Calderón de pagar a funcionarios públicos

Según fiscales, expresidente giró ‘pago ilícito’ a director de la CCSS
Afirman que ayudó a Eliseo Vargas a ‘recibir’ y ‘ocultar’ recompensas

Giannina Segniniy Ernesto Rivera
gsegnini@nacion.com

Rafael Ángel Calderón Fournier medió para que el expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García, y el exdirector de esa institución, Gerardo Bolaños Alpízar, “recibieran” y “ocultaran” “pagos ilícitos” provenientes del consorcio finlandés Instrumentarium Medko Medical.

Así lo indica la acusación formulada por el Ministerio Público el viernes pasado contra ocho imputados en el caso CCSS-Fischel.

Según los fiscales, Calderón giró desde una cuenta bancaria que él controlaba en Miami un cheque por $76.000 a favor del suegro de Bolaños.

Luego “entregó dicho cheque de gerencia” a Bolaños “como parte del pago ilícito prometido” y que se financió con dinero proveniente de Finlandia.

La Fiscalía asegura que Calderón también ayudó al expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas, para que recibiera y ocultara los “pagos ilícitos” prometidos.

Los hechos acusados por los fiscales tienen que ver con la compra por $39,5 millones en equipo médico finlandés que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre el 2002 y el 2003.

La operación se financió con un crédito por $32 millones otorgado por Finlandia y con $7,5 millones del presupuesto de la CCSS.

La empresa que vendió los equipos fue el consorcio Instrumentarium Medko Medical, representada en Costa Rica por la Corporación Fischel.

La acusación detalla que los pagos a los funcionarios fueron precedidos de varias transferencias enviadas por el consorcio vendedor desde Finlandia a cuentas en Panamá, controladas por el presidente ejecutivo de la Fischel, Walter Reiche Fischel.

Reiche y Calderón, según la acusación, idearon un “plan delictivo” para lograr la aprobación de la ley, la compra de los equipos y una posterior ampliación de la compra.

Ayer no fue posible localizar al abogado de Calderón, Juan Marcos Rivero, para conocer su opinión sobre la acusación.

Calderón, Reiche, Bolaños, Vargas, así como el exgerente de Modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez Arguedas, además de los exempleados de la Fischel, Marvin Barrantes y Olman Valverde fueron acusados de dos delitos de peculado y tres de corrupción agravada.

La investigación de la Fiscalía se inició el 21 de abril del 2004, cuando una investigación de La Nación reveló que Vargas García vivía en una casa valorada en $735.000 que había sido comprada por un ejecutivo de la Corporación Fischel.

La casa, según la acusación, fue parte de los pagos ilícitos recibidos por el expresidente de la CCSS.

Pagos y transferencias. El dinero que Calderón entregó a Bolaños, según la acusación, era parte de un depósito de $300.000 que Walter Reiche le había enviado desde Panamá con fondos provenientes de Finlandia.

La transferencia se hizo a una cuenta que la sociedad Sultana Panamá (controlada por Calderón) mantenía en el banco Northern Trust Bank of Florida.

“Tal movimiento fue el segundo pago acordado dentro del plan delictivo por la aprobación de la Ley 8202, así como por la adjudicación y ampliación del Proyecto Finlandia”, afirma el Ministerio Público.

El 22 de mayo del 2003, tres días después de recibir ese dinero, Calderón compró un cheque de gerencia a favor de Agitt Céspedes Barquero, suegro del entonces directivo de la CCSS, Gerardo Bolaños.

Calderón, según los fiscales, también ayudó a Eliseo Vargas a ocultar sus “pagos ilícitos”.

“A efecto de que Eliseo Vargas recibiera y ocultara los pagos ilícitos prometidos por la aprobación de la Ley 8202, así como por la adjudicación y ampliación del Proyecto Finlandia (...) el coimputado Rafael Ángel Calderón Fournier le procuró la apertura de una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de una sociedad panameña”, sostiene la acusación.

El texto dice que Calderón también refirió a Eliseo Vargas a un bufete en Panamá para que creara la sociedad International Development and Outsourcing Corp., con la que abrió la cuenta en Miami.

Fiscales describen plan desarrollado “en tres etapas”

cada imputado tenía su rol, afirman

El “plan delictivo” que el Ministerio Público atribuye a siete imputados en la causa CCSS-Fischel, se habría realizado en tres etapas, de acuerdo con la acusación formulada el viernes por la Fiscalía

“Este plan se desarrolló en tres etapas, en las cuales cada uno de los imputados desde sus diferentes posiciones tuvo un rol previamente establecido para lograr la distracción o sustracción de fondos públicos aprovechando una línea de crédito que de haberse utilizado correctamente pudo resultar sumamente beneficiosa para el país”, concluye la acusación.

En una primera etapa, afirman los fiscales que fue necesaria la aprobación de una ley que permitiera materializar el crédito finlandés.

“Dicha ley fue aprobada en diciembre del año 2002, de forma tal que aseguraba a los coendilgados que el consorcio Instrumentarium Corp.-Medko Medical era la única empresa capaz de adjudicarse la futura licitación”, afirman.

En la segunda etapa, “la promesa de la retribución ilícita realizada por Rafael Ángel Calderón, Walter Reiche Fischel, Marvin Barrantes Vargas y Olman Valverde Rojas para Eliseo Vargas García, extensiva ahora a Gerardo Bolaños Alpízar y Juan Carlos Sánchez Arguedas” pretendía que Bolaños y Vargas

“gestionaran y votaran” la adjudicación de la licitación pública al consorcio finlandés “a pesar de conocer que el equipo comprado no correspondía a las necesidades reales de la CCSS”.

La tercera etapa cuestiona la ampliación de la compra por $7,5 millones más. “. Esta ampliación se hace distrayendo directamente fondos públicos del presupuesto de la CCSSl que tenían el deber de administrar con probidad, integridad y transparencia”.

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