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Fiscalía acusa a Calderón y a Reiche de ‘idear un plan delictivo’ Acusación dice que impulsaron crédito y compra por ‘retribuciones ilícitas’Afirma que siete acusados asumieron rol para ‘distraer fondos públicos’ Giannina Segnini y Ernesto Rivera gsegnini@nacion.com El expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y el presidente de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel, fueron señalados por la Fiscalía como las personas que “idearon un plan delictivo” que permitió la compra de $39,5 en equipo médico para la CCSS. La compra, según el Ministerio Público, “debía ser adjudicada” al consorcio finlandés Instrumentarium-Medko Medical, cuyo distribuidor en Costa Rica era Corporación Fischel. “Lo anterior a cambio de la promesa del otorgamiento de retribuciones económicas ilegales sin importar la utilidad y necesidad del equipo adquirido con fondos públicos”, dice la acusación del caso CCSS-Fischel, presentada por los fiscales el viernes. El texto responsabiliza a otros cinco imputados: al expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas; al exdirectivo, Gerardo Bolaños A.; al exgerente de modernización, Juan Carlos Sánchez, y a los ejecutivos de la Corporación Fischel Marvin Barrantes y Olman Valverde. A los cinco, junto con Calderón y Reiche, se les acusa de dos delitos de peculado y dos de corrupción agravada por la compra y posterior ampliación de compra al consorcio finlandés. A todos se les atribuye otro delito de corrupción agravada por el plan para la aprobación de una ley que permitió el otorgamiento de un crédito por $32 millones por parte del gobierno finlandés. Ese crédito, condicionado a que el 50% de los equipos adquiridos fueran de fabricación finlandesa, financió la primera compra de equipo médico para la CCSS. La ampliación por $7,5 millones se pagó con recursos propios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La acusación fue puesta en conocimiento de las víctimas en el proceso, la Procuraduría General de la República y la CCSS el viernes anterior. Las dos instituciones tienen un plazo de 10 días para formular sus pretensiones económicas por el daño social causado. El texto acusador, de 260 páginas, lo firman los fiscales Juan Carlos Cubillo Miranda, Juan Carlos Carrillo Mora y Patricia Cordero Vargas, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público. La causa judicial por el caso CCSS-Fischel se inició el 21 de abril del 2004, luego de que una investigación de La Nación reveló que el entonces presidente de la CCSS, Eliseo Vargas García, vivía en una casa valorada en $735.000 que había sido comprada por el ejecutivo de la Fischel Olman Valverde. La investigación luego comprobó que la casa, ubicada en Valle del Sol, en Santa Ana, se pagó con dinero de varias cuentas que Walter Reiche, presidente ejecutivo de la Fischel, controlaba en Panamá. El plan. En la acusación se asegura que la primera etapa del plan consistió en impulsar la aprobación de una ley, en diciembre del 2002, que permitió materializar el crédito finlandés. “Walter Reiche expuso lo anterior a Rafael Ángel Calderón y juntos idearon un plan de autor para asegurar la aprobación expedita de la ley, la adjudicación de la licitación de compra (..) y una posterior ampliación del contrato utilizando fondos públicos”, dice el texto. Según los fiscales, Calderón Fournier, “en su calidad de líder político y conocedor del funcionamiento interno de la CCSS, participó de dicho plan delictivo al imputado Eliseo Vargas García”, quien en ese momento era jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Vargas, según los fiscales, “había sido colocado allí como parte de la cuota política que le correspondía al coencartado Calderón Fournier”. Fue quien promovió la ley 8202 que, según la Fiscalía, establece condiciones para que la compañía Instrumentarium “fuera la única empresa capaz de adjudicarse la futura licitación”.
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