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Prioridades de una sociedad


Gonzalo Rodríguez Mejías
GRodriguezM@ice.go.cr
Economista

Recientemente leía un comentario, escrito por un costarricense, en que narraba las peripecias que sufrió en un viaje que realizó a Chile. El calvario comenzó cuando adquirió una tarjeta electrónica para hacer unas llamadas telefónicas a Costa Rica, la que tenía precio exorbitante en dólares –según manifiesta–y, al final de cuentas, nunca supo cómo utilizarla, no obstante haber consultado sin éxito sobre el uso a varios ciudadanos chilenos. También narra lo que para él resultó ser sumamente extraño y desconcertante: viajar una larga distancia en bus y haber escuchado a lo sumo un único timbrazo de celular. Prueba fehaciente –según el viajero– de que no cualquiera puede costear dicho servicio en ese país del sur.

El propósito del costarricense al contar su anécdota es hacer notar que las telecomunicaciones en Chile están privatizadas y que estos problemas los sufriríamos en Costa Rica si permitimos la apertura en el sector de las telecomunicaciones.

Concierto y precio. A partir de la lectura del comentario del tico en su paso por Suramérica, uno puede deducir dos cosas: la primera es que escuchar un concierto de timbres y conversaciones por celular en buses, colegios, supermercados y otros lugares es indicador inequívoco de desarrollo social del país. La segunda es que la variable precio que se cobra por el servicio brindado en cualquier lugar se constituye en razón única y suficiente para determinar y concluir que no debe salir de las manos del monopolio de las empresas estatales.

Para analizar un poco la primera conclusión, traigo a colación los diferentes reportajes que se hicieron por varios medios de prensa, el 7 de febrero del 2007, en el primer día de lecciones, en algunas escuelas y colegios. Pudimos observar salones destechados, paredes desprendidas, ranchos habilitados como salones de clase, ausencia de pupitres y otros más. Cuando se consultó al ministro Garnier por la posibilidad de solventar todos estos problemas, contestó lo que debía contestar: de momento no tenemos los recursos para satisfacer estas necesidades y debemos comenzar el ciclo lectivo utilizando las instalaciones tal como están.

De celulares y aulas. Lo paradójico de todo esto es que, si analizamos ciertas variables, como la densidad de telefonía celular, podemos ver que en Costa Rica hay actualmente un celular por cada tres habitantes, indicador que podría llegar a una relación de uno a uno, si nos atenemos geográficamente al Valle Central. Es decir, hasta escolares portan un teléfono celular mientras que, por otro lado, no hay recursos para mejorar las condiciones del sistema educativo costarricense. Sin duda, estos son rasgos distintivos y característicos de las prioridades de una sociedad que prefiere que sus ciudadanos porten hasta dos teléfonos celulares, y al mismo tiempo tengan sistemas educativos en condiciones paupérrimas. Esto es a todas luces una distorsión económica, producto de una pésima asignación de recursos.

Con respecto a la segunda conclusión, emanada de la narración del visitante a Chile, es importante recalcar que el simple hecho de mencionar el precio del servicio celular en ese país del sur no es suficiente variable de análisis, como para aconsejar a los costarricenses rechazar la apertura en telecomunicaciones, pues es necesario vincular analíticamente los diferentes precios de una economía, las condiciones socioeconómicas y la calidad de los servicios normales prestados por el Estado, tales como el estado de la infraestructura, la educación, los sistemas de salud y la seguridad ciudadana.

Así las cosas, es posible que los chilenos no estén interesados en poseer celulares a raudales y sí prefieran tener carreteras excelentes, sistemas educativos en condiciones decentes y mejores niveles de vida. En este caso, es posible concluir que un precio está reflejando una asignación óptima de recursos escasos y se puede decir también que hay una sociedad que prioriza y que lo hace eficientemente.

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