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¿Y las escuelas de los nietos? El Estado prácticamente no tiene donde desarrollar las obras públicasEsteban Carazo Gólcher carapis@racsa.co.cr Abogado Nuestro modelo de desarrollo –el que hizo a Costa Rica lo que es hoy– siempre se enfocó al progreso rural, al acceso universal de servicios de calidad y a la solidaridad con el prójimo. Fuimos tan exitosos que hoy vivimos todavía de esas glorias, y ese es precisamente el problema. En años recientes, Costa Rica ha modificado su modelo para ajustarse a la globalización. Se ha defendido al sector servicios y al desarrollo de alta tecnología como el nicho en el que nos distinguimos y al que apostamos para tener éxito una vez más. El desarrollo agropecuario –salvo contadas excepciones– ya no es el foco para el avance y esto genera serios problemas en el modelo costarricense. Política urbana descuidada. Hoy, más del 50% de la población vive en la Gran Área Metropolitana; es decir, en ciudades; el sector de servicios y tecnología no cuenta con representantes fuera de la GAM, y, con excepción del turismo, los motores del desarrollo nacional son urbanos. Sin embargo, para tener tanto y tan valioso concentrado en nuestras ciudades, nuestras políticas urbanas siguen siendo un pie de página en programas y consejos de Gobierno. Mucho se habla de la calidad y esperanza de vida del costarricense, mucho del sistema y estándares de salud, mucho de nuestro ejército de estudiantes. Sin embargo, quien observa con detenimiento las ciudades se da cuenta de que prácticamente todas las escuelas y hospitales importantes son edificios que se construyeron hace muchas décadas. La razón de esto: los mecanismos de gestión urbanística que permiten al Estado acceder a la tierra son del siglo XIX. En otras palabras, para construir infraestructura pública, el Estado sólo puede obtener suelo por medio de la expropiación y esto, todos lo sabemos, siempre conlleva enormes costos de tiempo y dinero que el país no tiene. Gran interrogante. Ante esta circunstancia, y considerando: a) que se ha estimado que para el 2030 el país tendrá alrededor de 6 millones de personas, b) que el precio de la tierra en la Gran Área Metropolitana se ha multiplicado a veces hasta por 5 ó 6 en los últimos años, y c) que las propiedades ubicadas en condiciones aptas para ubicar infraestructura pública tienen y tendrán precios cada vez mayores –por ser bienes cada vez mas escasos–, no cabe más que preguntarse qué pasará con los hospitales y escuelas de nuestros nietos (suponiendo que nuestros hijos seguirán cosechando la muy exprimida siembra de nuestros abuelos). ¿Dónde construirá la CCSS o el MEP la nueva generación de hospitales y escuelas que se necesitarán dentro de 20 años, si hoy apenas hay tierra para cubrir las necesidades de una población creciente? ¿Dónde construirán el MOPT o el Icoder los próximos parques recreativos? Ante esta situación, debemos buscar mecanismos de gestión del suelo urbano que nos permitan prever el crecimiento de la población y satisfacer sus necesidades. Existen modelos probados en distintos países que promueven no solo el desarrollo privado, sino que generan condiciones de adquisición de suelo público en condiciones muy ventajosas –generalmente sin costo alguno para la administración–. Estas herramientas, no obstante, son mecanismos legales creados mediante compromisos políticos, y ahí es donde reside el problema costarricense: ¿será que para asegurar el futuro de la infraestructura pública de nuestras ciudades tendremos apoyo de quienes dirigen el país?
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