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Hoteleros burlan regulaciones a construcciones en playas En Drake y Uvita municipio investiga 30 casos de obras sin permisosMinae también reconoce que no se protegen los bosques costeros Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com Los hoteleros y empresarios de las costas aprovechan los pocos controles municipales para construir en la zona pública de las playas, abrir caminos sin permiso y contaminar el área con inadecuados sistemas de aguas negras. Pese a que la Contraloría General de la República lleva años exigiéndole a los ayuntamientos demoler las obras ilegales, los alcaldes alegan falta de personal para llevar a cabo la tarea en 1.466 kilómetros de playas en los litorales Pacífico y Caribe. Un recorrido de La Nación por bahía Drake, en Sierpe de Osa, playa Potrero y playa Iguanitas, en Santa Cruz de Guanacaste, y Pavones de Golfito, evidenció la explotación de los terrenos. Por ejemplo, la municipalidad de Osa tramita actualmente 30 causas por invasión de los 200 metros de la zona marítimo terrestre (ZMT) en Uvita y Drake, en el Pacífico sur del país. En unos casos se trata de construcciones instaladas en los 50 metros públicos de la playa, a partir de la línea de mar, donde la ley prohíbe todo tipo de edificación. También se incluyen obras que se levantaron sin permisos en los siguientes 150 metros tierra adentro, donde se requiere de una concesión para poder urbanizar. En Drake es fácil detectar que la pulpería, la escuela y la Fundación Corcovado están construidas dentro de la zona pública. Además, al menos cuatro hoteles visitados tendrían parte de sus edificaciones dentro de los 50 metros inalienables de la costa. En defensa, algunos de los empresarios alegan que sus estructuras tienen 30 años o más, cuando no estaba vigente la ley que regula la zona marítimo terrestre y que data de 1977. Burro amarrado. Alberto Cole, alcalde de Osa, reconoce que controlar las construcciones en Drake o Uvita es una difícil tarea pues las oficinas del ayuntamiento están ubicadas en la cabecera del cantón, a unos 100 kilómetros de la costa. Aún así, asegura que están trabajando para demoler algunas edificaciones. Ese podría ser el caso de Rancho Corcovado, donde los senderos del hotel están dentro de la zona pública de Drake. Su administrador, Enoc Espinoza, dijo que los dueños no quieren violar la normativa y “si hay que remover cemento, se remueve”. Caso contrario, la propietaria del Hotel Drake Bay, Marlene Jiménez, manifestó que ella no tiene obligación de demoler las habitaciones de su hotel, pues el proyecto existe hace más de 30 años en una sección rocosa de la playa. Añadió que el artículo 21 de la Ley de zona marítimo terrestre la protege, pues avala la ocupación de aquellas secciones que, por geografía o topografía no puedan aprovecharse para uso público”. Pietro Barbanti, propietario de una finca en las montañas de Drake, añade otras quejas. Este italiano, radicado en Costa Rica, denunció a principios de este mes ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que hoteleros de la zona contaminan la costa con diésel y aceite quemado que se derrama de una planta de generación eléctrica. Barbanti también denunció tala en la zona y posible contaminación de aguas negras en el río Agujitas. Precisamente, el director del Sistema de Áreas de Conservación, Rónald Vargas, aceptó que en la zona “tienen muchas denuncias”, por invasión de la ZMT y por destrucción de los bosques costeros. Reclamó que aún cuando los bosques son patrimonio del Estado y están bajo regulaciones del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), le corresponde a los municipios velar por su conservación. Sin embargo, en los últimos dos años los ayuntamientos y el Minae han desperdiciado esfuerzos discutiendo quién tiene la potestad para regular las áreas verdes de la costa, en lugar de controlar y demoler las invasiones de cemento. Además, el Instituto Costarricense de Turismo trabaja para poder definir planes reguladores, pues la mayoría de las playas no tienen identificadas las zonas urbanas o comerciales y las áreas protegidas.
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