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Foto Principal: 1538304
El expresidente Rafael Ángel Calderón se expone a delitos con penas hasta de 12 años de prisión.
archivo
Acusación le atribuye corrupción agravada y peculado

Ministerio Público acusó a expresidente Calderón

Fiscalía también acusó a Reiche, Eliseo Vargas y otros cinco imputados
Exmandatario se negó a dar declaraciones; alegó que estaba ocupado

Giannina Segnini y Ernesto Rivera
gsegnini@nacion.com

El Ministerio Público presentó ayer la acusación formal contra el expresidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier y siete imputados más en el caso CCSS-Fischel.

El documento atribuye delitos de peculado y corrupción agravada contra Calderón, Eliseo Vargas García, Walter Reiche Fischel, Gerardo Bolaños Alpízar, Juan Carlos Sánchez Arguedas, Olman Humberto Valverde Rojas y Marvin Barrantes Vargas.

También le achaca delitos de destrucción de documento y falsedad ideológica a Reiche y al abogado Randall Vargas Pérez.

La acusación está firmada por los fiscales Juan Carlos Cubillo y Juan Carlos Carrillo, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.

El documento fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la República y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), consideradas víctimas en el proceso y que cuentan con 10 días para formular sus pretensiones para el resarcimiento de los daños, y de otros dos eventuales querellantes.

Hasta que transcurra ese plazo la acusación se presentará ante un juzgado penal, que decidirá si el caso va a juicio o no. Ninguno de los imputados conocía ayer el detalle de la acusación.

El expresidente Calderón se negó ayer a dar declaraciones a un equipo de La Nación que lo buscó en su casa. “Dijo que no daría declaraciones; que cualquier cosa le consulten a su abogado”, dijo el policía William Peraza. Minutos más tarde, otro oficial agregó: “Dice que está muy ocupado; que él no podrá atenderlos hoy”.

A la espera

Juan Marcos Rivero, abogado defensor del expresidente Calderón, manifestó ayer que no podía referirse a la acusación porque aún no la conoce.

“Por lo menos ya logramos salir de de una primera fase del proceso que ha sido muy tortuosa, dura y complicada y se abre la perspectiva para lograr llegar a un juicio público”, dijo el jurista.

Francisco Campos, defensor del presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel, explicó que tampoco podía pronunciarse sobre la acusación. “Sabíamos que estaba lista desde hace días, pero no la conocemos”.

Igual posición sostuvo Vinicio Zamora, abogado del expresidente de la CCSS, Eliseo Vargas.

El caso CCSS-Fischel se inició en abril del 2004, cuando una investigación de La Nación reveló que Eliseo Vargas vivía en una casa en Valle del Sol, Santa Anta, comprada por la Corporación Fischel.

La investigación también demostró que Vargas, cuando fue diputado, impulsó y logró que se aprobara, en tan solo tres días, una ley que permitió el otorgamiento de un crédito finlandés para la compra de $32 millones en equipos médicos para la CCSS.

Dos peculados

Todos los imputados, menos Randall Vargas, están acusados de dos delitos de peculado (desviación de fondos públicos) que tienen que ver con la compra de $32 millones en equipo médico finlandés para la CCSS y la posterior ampliación del contrato por $7,5 millones más.

La CCSS compró los equipos al consorcio Instrumentarium Medko Medical, representado en Costa Rica por la Corporación Fischel.

Los primeros $32 millones provinieron de un préstamo subvencionado por el gobierno finlandés, condicionado a que el 50% de los equipos adquiridos fuesen de fabricación finlandesa. La ampliación por $7,5 millones se pagó con recursos propios de la CCSS.

La CCSS no compró según las necesidades que inicialmente habían sido definidas como prioritarias por los directores de clínicas y hospitales del país, sino de acuerdo con lo que ofrecían los potenciales vendedores.

Los delitos de corrupción agravada atribuidos por el Ministerio Público tienen que ver con la aprobación de la ley que permitió el crédito finlandés y con el pago de comisiones a políticos y varios funcionarios públicos.

Colaboró Otto Vargas.

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