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Procuraduría también verá caso de Antillón Ismael Venegas C. ivenegas@nacion.com Una denuncia presentada contra la legisladora Mayi Antillón (PLN) por supuesto conflicto de intereses en el trámite del TLC está en manos de la Procuraduría de la Ética Pública. El diputado José Merino, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y la Unión de Empleados de la Caja, alegan en la denuncia que la aprobación del TLC traería beneficios económicos a empresas farmacéuticas, cuyo representante legal en el país es el esposo de Antillón (en materia de patentes de invención). También dicen que el cónyuge de Antillón fue nombrado en el 2006 en la junta administrativa del Registro Nacional, órgano que según los demandantes se encarga de ver las apelaciones en materia de patentes. Mayi Antillón negó enfáticamente que exista conflicto de interés. Según ella, su marido mantiene desde hace 15 años una relación profesional independiente del TLC y de su trámite. Adujo que no es socio accionista de las empresas, y tampoco integra sus órganos directivos, ni tiene injerencia en inversiones. La diputada manifestó que la junta del Registro solo tiene funciones de esa índole y no resuelve asuntos de patentes. “No permitiré que se quiera poner en entredicho la honorabilidad de mi esposo ni el mío”.
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