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La gestión delos residuos

Para una solución integral, hay que fortalecer la investigación científica

Carlos Mata
cmata@aresep.go.cr
Abogado

Recientemente entró en vigencia el Decreto n.° 33477-S-MP, del 23 de noviembre de 2006, publicado enLa Gaceta n.° 16, de 23 de enero del 2007. Es un decreto que consta de apenas 4 artículos y que intenta promover las iniciativas tendientes a brindar una solución integral al problema de los desechos en el país, según dispone el artículo primero. A pesar de que se insta a las instituciones públicas para que sus funcionarios dediquen el tiempo necesario para tramitar a la mayor brevedad y resolver las gestiones administrativas tendientes a brindar una solución integral al problema de los desechos, no se establece una solución avanzada, ante un problema que requiere de todo un método para una solución de escala nacional. Este decreto evidencia la llamada de auxilio del poder público, por resolver un problema ambiental que se está saliendo de control.

En los últimos, años el problema de los residuos municipales se ha constituido en un asunto inmanejable para los gobiernos locales y se ha extendido a los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía, lo que se evidencia en los problemas conceptuales que ha presentado el Proyecto General de Residuos. Las municipalidades han tenido que realizar esfuerzos aislados para resolver el problema de los residuos a escala social, económica y jurídica. Véase, por ejemplo, el “Reglamento para el manejo adecuado de desechos sólidos” de la Municipalidad de Alfaro Ruiz, del 21 de junio del 2006, publicado enLa Gaceta n.°129, del 5 de julio del 2006. El reglamento resulta ficticio, pues aparenta tener un método de gestión de residuos tan avanzado como los aplicados en Japón o Suiza, pero con la realidad de un presupuesto insuficiente para tal magnitud de propuesta, incluyendo las inconsistencias conceptuales que presenta.

Carencia de método. Para enfrentar el problema en la gestión de los residuos y apoyar iniciativas tendientes a brindar una solución integral se debe fortalecer la investigación científica en los niveles público, privado y universitario. José Francisco Alenza García critica la falta de madurez que se presenta en el derecho ambiental, lo que se muestra en la falta de consenso sobre los conceptos básicos, a lo que se debe añadir la falta de precisión al utilizar los principios que informan el derecho ambiental. Si se carece de un método, el resultado será el establecimiento de procedimientos incoherentes y conceptos frágiles.

Los gobiernos locales no encuentran soluciones viables a la recolección de los residuos, y el Gobierno Central dista mucho de constituir soluciones adecuadas a la valorización de los residuos en general. Todo se centra en el principio fundamental de la distinción jerárquica de los residuos, en que se otorga preferencia a la prevención, seguidamente a la recuperación –reutilización, reciclado, recuperación de energía– y por último a la eliminación –incineración sin recuperación energética, vertido–. Es posible realizar investigaciones que ayuden a resolver el problema de los residuos, como ejemplo: en Finlandia la gestión de residuos municipales se basa en la cooperación regional. Los residuos peligrosos se someten a valorización o eliminación en plantas centralizadas. La responsabilidad de la valorización y la eliminación definitiva de los residuos industriales, agrarios y de la construcción corresponde exclusivamente a sus productores . Existen colaboraciones con Suecia en relación con las zonas fronterizas.

Deber de la sociedad. La gestión ambiental racional de los residuos no es exclusiva de las instituciones públicas, es también un deber de la sociedad, que no ha comprendido la importancia de tratar adecuadamente la basura. La colectividad abandona residuos en zonas rurales, en bosques, en ciudades, la emisión de gases es todavía elevada y los ríos están envenenados por los efluentes de vertidos líquidos.

Es importante que en la agenda de las políticas ambientales se impulse la investigación en residuos, para que las normas jurídicas y técnicas adquieran un método preciso y se desarrolle una planificación realista.

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