Una de las bolsas de sangre halladas durante la 'Operación Puerto'
(AFP/G.Civil/Archivo)
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MADRID (AFP) -
La fiscalía de Madrid interpuso un recurso contra la decisión de un juez de archivar el caso de presunto dopaje en el ciclismo destapado por la llamada 'Operación Puerto', alegando que sí se ha producido una "infracción criminal", indicaron este miércoles fuentes judiciales.
La fiscalía solicita que se siga con la investigación judicial, tanto por considerar que los hechos "revisten carácter de infracción criminal, como por insuficiencia de diligencias practicadas para su esclarecimiento". Los fiscales creen que en la instrucción faltan "diligencias esenciales (...) para llegar a una resolución tan trascendental como el archivo de la causa".
El pasado 12 de marzo, el juez Antonio Serrano decidió sobreseer el caso de la supuesta red de dopaje sanguíneo porque, cuando el 23 de mayo de 2006 se produjo la operación policial, "no existía en España una norma que penalizara las conductas relacionadas con el dopaje en sí mismo". Por eso, Serrano dijo que los hechos investigados "no son constitutivos de infracción criminal".
El juez recordaba que la falta de legislación penal sobre el dopaje no fue subsanada hasta la aprobación, el 21 de noviembre de 2006, de una ley para la protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, por la que se penalizaban conductas que hasta entonces no estaban tipificadas.
Entre los arrestados en la 'Operación Puerto', figuraban el doctor Eufemiano Fuentes, antiguo médico de varios equipos (como Kelme u Once) y supuestamente en el centro de la trama, y Manolo Saiz, entonces director del equipo español Liberty Seguros, José Luis Merino (responsables de un laboratorio de análisis), Alberto León (un corredor de bicicleta todoterreno) e Ignacio Labarta.
Todos ellos fueron liberados posteriormente con medidas judiciales cautelares. La operación salpicó al mundo del ciclismo, afectando a numerosos corredores importantes como el alemán Jan Ullrich, que anunció recientemente su retirada, el italiano Ivan Basso o el español Francisco Mancebo.
Los registros realizados entonces llevaron a la incautación de cientos de bolsas con sangre y plasma sanguíneo. Aunque, según el juez Serrano, los niveles de eritropoyetina (EPO) encontrados en esa sangre "no serían suficientes para provocar efectos perjudiciales" para la salud.
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