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Migración acusará a notaria que casó a vecinos pobres Aparecen más casos de lugareños que alegan haberse casado por dineroDirector de Migración asegura que situación es de gran magnitud Otto Vargas M. ovargas@nacion.com La Dirección de Migración y Extranjería presentará hoy una denuncia penal contra una notaria de apellido Benavides que casó a vecinos pobres de Guararí, en Heredia, con extranjeros urgidos de cédula de residencia. La decisión se fundamenta en el decir de seis mujeres, quienes aseguran que recibieron dinero a cambio de esas uniones. Las baterías también apuntan hacia dos mujeres de apellidos Castillo y Morales, señaladas como los presuntos contactos en la búsqueda de cónyuges ticos. “En el transcurso del día hemos recibido llamadas de varios vecinos de esa localidad que están en esa misma situación. “Aunque en principio la denuncia se refiere a los primeros seis casos conocidos, al Ministerio Público haremos una advertencia ante la magnitud del fenómeno ocurrido en Guararí”, dijo el director de Migración, Mario Zamora. El funcionario informó de que, aparte de acudir a la Fiscalía, presentarán denuncias ante la Dirección de Notariado y ante el Registro Civil para que proceda con la anulación de los matrimonios. Silencio. Desde la semana anterior, La Nación ha intentado contactar a la abogada Benavides sin conseguirlo. Se visitó su bufete –en Heredia centro– varias veces y se le dejaron recados telefónicos. Las vecinas de Guararí sostienen que en principio pactaron sus divorcios a corto plazo, pero han pasado meses –incluso años– sin que eso ocurra. Por eso no califican para proyectos de ayuda social, entre estos los de vivienda. Los hijos de algunas llevan los apellidos de los desconocidos con quienes se casaron. “Es cierto que ellas recibieron dinero (por los matrimonios), pero como denunciantes no van a tener consecuencias legales. “Esta gente (la red) se aprovechó de su estado de necesidad, dada su condición de pobreza extrema. De ellas sacaron provecho grupos mafiosos para obtener beneficios migratorios”, puntualizó Zamora. El jerarca de Migración advirtió que aquellos cónyuges ticos que guarden silencio podrían más bien enfrentar consecuencias legales en calidad de cómplices. La Policía de Migración sigue la pista al grupo, pues no descarta que otras personas hayan brindado colaboración. “Los casos de Guararí no son hechos aislados. Esto nos ha hecho pensar que son decenas de personas las que están en esa situación”, aseveró Zamora. Contactos. Las denunciantes sostienen que el grupo los contactó en lugares públicos (en las afueras de centros educativos) o por referencia de conocidos para ofrecerles entre ¢20.000 y ¢50.000. Ahora Migración investiga si la red hizo lo mismo en otras localidades, pues en el protocolo de la notaria aparecen, en los últimos seis meses, uniones entre extranjeros y vecinos de Limón (dos casos), La Aurora de Alajuelita, Guararí, Santa Lucía de Barva y La Valencia de Desamparados.
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