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EDITORIALConfusión de papeles Se impone una revalorización cualitativa de la buena gestión en la esfera del EstadoLos colegios profesionales y las escuelas de administración deben defender lo suyo Al Ministerio de Educación Pública le han estallado, en este inicio de curso, una serie de problemas acumulados por muchos años. Pareciera que, descubierto en toda su extensión el tumor del clientelismo político o, mejor, el dominio ejercido por un grupo de políticos y de funcionarios sobre el nombramiento de los educadores, otras causas de este desbarajuste han salido a la superficie. El nombramiento de una buena parte de los educadores se “privatizó” por largos años, como ha ocurrido, perversamente, en otras instituciones públicas. Si, en algunas entidades, ha prevalecido el poder de los llamados gavilanes, con fuertes vínculos en el interior de las oficinas para llevar a cabo su negocio y compartirlo, en otras han reinado verdaderos caciques, que han creado una especie de pequeños Estados dentro del Estado, hasta constituir mafias o redes inexpugnables. El caso de Migración, con prolongación internacional, ejemplificaba esta situación. El reciente reportaje de La Nación sobre “la privatización” del agua, desde el AyA, es otro ejemplo, entre muchos, de la deformación del Estado. En cuanto al MEP, se observa la paradoja, observada en otras instituciones, pero explicable, de la dificultad de poner orden en poco tiempo tras la labor “eficiente” o el dominio de los expertos en clientelismo político. La tarea del MEP desborda su capacidad administrativa por varias razones, unas intrínsecas, y otras externas, tal como lo informamos ayer. Más de un mes de iniciado el curso lectivo, diversas escuelas carecen de profesores y de directores con las consecuencias inherentes a esta confusión: mal ejemplo, académico y moral, para los alumnos, desánimo de los padres de familia, recurso a medidas de hecho en las comunidades, así como desigualdad de condiciones y de oportunidades en la educación pública. Estas irregularidades ocurren, además, en un sistema educativo donde, al parecer, la oferta de educadores supera la demanda. A lo dicho se agrega uno de los problemas más sensibles en el MEP, que data de muchos años: el exceso de incapacidades de docentes y de permisos sin goce de salario, “casi todos los días”, según la viceministra administradtiva, Silvia Víquez, los cuales deben ser sustituidos de inmediato. En este campo, el abuso es manifiesto. Por otra parte, algunos educadores son nombrados, pero renuncian porque no les agrada el lugar donde deben trabajar. El MEP aplicará medidas “drásticas” para poner fin a este juego. Este ligero repaso pone de manifiesto dos causas principales que originan este desorden en una actividad que debía ser ejemplo de orden y sentido de excelencia. Nos referimos al clientelismo político que desajustó al MEP por décadas, como hemos comentado reiteradamente, y, relacionado con este, al desdén por la administración o gestión pública de alta calidad. Tenemos así que, en la CCSS, tareas administrativas especializadas se han encargado a los médicos preferentemente, y, en el MEP, a los educadores, para citar dos ejemplos clásicos. Cabe señalar, asimismo, la calamidad pública de miembros de juntas directivas de importantes instituciones públicas nombrados por amistad o por recompensa política, o bien en representación –aun legal– de asociaciones o sindicatos, sin dominio de los cometidos a su cargo. Estas fallas, agravadas por funciones institucionales extrañas a la materia específica de las entidades públicas, forman parte de la crisis de la gestión pública que, con la corrupción, ha afectado el normal desenvolvimiento del Estado.
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