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País carece de adecuado control ambiental de obras Falta de personal y de recursos afecta labor de la Secretaría ambientalPese a aumento de presupuesto, su ejecución se atrasa por burocracia Hassel Fallas hasselfallas@nacion.com El país carece de un adecuado control y seguimiento para garantizar que tanto las obras en construcción como las terminadas no dañen el ambiente. Proyectos inmobiliarios o industriales, de mediano o alto impacto ambiental, por ejemplo, tienen poca fiscalización por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). La Setena se creó en 1995 para armonizar la protección de la naturaleza con las necesidades de los desarrolladores de obras. Sin embargo, dicha oficina se transformó en los últimos años en una fábrica de papeleo para permisos de construcción y dejó prácticamente de lado su función primordial. Tatiana Cruz, secretaria de la Setena, reconoce esa incapacidad que aqueja a la entidad. “Sí, lo admito, en este momento hay un desajuste”, dijo Cruz, quien incluso reveló que el Departamento de Control y Seguimiento estuvo cerrado por un tiempo. “Por decisión de anteriores jerarcas el control y seguimiento se diluyó mucho, se prefirió el análisis de casos. Hasta esta administración se conformó de nuevo el departamento. Incluso había dejado de existir”, aseguró Cruz. En 12 años de funcionamiento, la Setena ha otorgado 12.000 viabilidades ambientales, requisito indispensable para arrancar con la edificación de las obras. En buena teoría, cada uno de los proyectos certificados debe ser fiscalizado anualmente. Tal responsabilidad recae sobre cinco funcionarios que no dan a basto. El duodécimo informe Estado de la Nación advirtió en el 2006 sobre esa debilidad. “Se puede suponer que si el control de la autoridad es limitado, la posibilidad de que se incumplan los compromisos y se den efectos negativos en el ambiente resulta elevada”, expresa el Informe. Trámites prioritarios. Pese a este riesgo, la atención del Gobierno y de la misma Setena se ha concentrado en agilizar la tramitología. La queja de los empresarios por el tiempo que demora la gestión de los permisos, hizo que en agosto pasado, el Poder Ejecutivo declarara en emergencia a la Setena y conformara una Comisión para tomar medidas. Desde el 2003, el volumen de expedientes analizados por esa Secretaría ha crecido, rebasando la capacidad de los 43 funcionarios administrativos y técnicos del ente. Mientras que en el 2002 la Setena efectuó 1.053 trámites, en el 2006 la cifra ascendió a 3.511. En lo que va del 2007, la Setena ha resuelto 1.912 trámites y otorgado 244 viabilidades ambientales. Dicho aumento es impulsado principalmente por el auge constructivo en el país, pero también por resoluciones de la Sala Cuarta. “La Sala estableció que para obtener un permiso de construcción o una patente municipal se tiene que comprobar que la obra tiene una viabilidad ambiental”, dijo Cruz. Ante el colapso administrativo de la Setena, el informe dado por la Comisión el año pasado, recomendó un incremento de presupuesto. Aunque para el 2007 el presupuesto subió en un 468%, pasando de ¢ 94 millones en el 2006 a ¢ 441 millones, trabas burocráticas impiden su ejecución inmediata. “Hay algunos problemillas de lentitud por parte del Minae (Setena depende financieramente del Ministerio de Ambiente). El trámite nos hace pensar que no podremos contratar servicios y comprar equipos de cómputo hasta en julio o agosto”, afirmó Cruz. Cruz agregó que la Secretaría busca, a través de un proyecto de ley obtener la personería jurídica instrumental que le permita manejar sus fondos. El presupuesto se empleará para contratar 17 nuevas plazas, de las cuales seis reforzarán el área que analiza proyectos de alto impacto ambiental y una fortalecerá la sección de Control y Seguimiento.
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