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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com La oposición contra el TLC ha tenido varias etapas, más al calor de la táctica del miedo que del interés nacional: la espada flamígera de la patria y la soberanía, la agonía del Estado, la hipoteca del futuro, la inconstitucionalidad y, ante la pregunta lógica sobre “qué nos pasa, si quedamos fuera”, la respuesta construye una guillotina: una supuesta continuidad de las preferencias de la Cuenca del Caribe(una regalía) o una renegociación del TLC (la entrega a los sindicatos de EE. UU.) Pasados, sin embargo, el Rubicón de la comisión legislativa y, luego, el de la Sala Constitucional, bajo las banderas –las genuinas– de la “institucionalidad democrática”, la táctica de los opositores del TLC ha cambiado radicalmente. Ahora, todo se endereza hacia la fisura de la coalición legislativa (38 diputados de cuatro fracciones). El primer blanco fue la diputada Evita Arguedas (Movimiento Libertario). El ataque ha sido despiadado, pero Evita se ha defendido con gallardía femenina. De aquí la importancia de la resolución de la Procuraduría de la Ética Pública que algunos pretenden tergiversar. El “por tanto” de la resolución contiene cuatro aspectos básicos: 1). “La Procuraduría no advierte ningún acto de favorecimiento indebido de parte de la diputada Evita Arguedas”. La difamación quedó al descubierto. 2). “Existe un conflicto de intereses en relación con su participación en la comisión encargada de conocer y dictaminar el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones”, dados sus vínculos con empresas de radiocomunicación. 3). “En carácter estrictamente preventivo...” y en aras de la transparencia “le recomendamos… valore las razones de fondo señaladas… y determine el mérito para abstenerse de participar en la citada comisión”. 4). “...la presente resolución se refiere únicamente a al participación… como miembro de la Comisión Especial, y no a la votación de este proyecto o cualquier otro en el plenario legislativo”. Ayer se publicó en La Nación un análisis del jurista Rubén Hernández sobre la inconstitucionalidad del Art. 48 de laLey de enriquecimiento ilícito. Es palpable el proceder de buena fe de la diputada Evita Arguedas y su respeto a la institucionalidad democrática. Por ello, pedirá a la Procuraduría una aclaración para mayor firmeza de su posición. Posiblemente, los ataques prosigan contra otros diputados y contra empresas nacionales e internacionales. El país espera que, precisamente por la institucionalidad democrática y por la ética, sea este un juego limpio, pues, hasta ahora, no lo ha sido. Ha habido un conflicto de intereses claro entre el interés nacional y el interés ideológico o político. Ahondar este conflicto es el interés diario deGranma , de Cuba.
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