Manifestación contra los diputados expulsados
(AFP)
|
QUITO (AFP) -
El Tribunal Constitucional (TC), al que el Congreso pidió dirimir la pugna con la corte electoral -que destituyó a 57 diputados por "obstruir" el plan de Constituyente-, y las marchas citadas por el gobierno a favor de la Asamblea, centran la atención este lunes en la crisis política ecuatoriana.
El TC analiza si el pedido legislativo cumple los requisitos para ser admitido y proceder a su trámite, al tiempo que el presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, expresó que confía en que su gestión permita que el enfrentamiento vuelva a fojas cero para superar la crisis.
"El TC tiene que asumir esta delicada responsabilidad por el bien del país, pienso que es la única alternativa que nos queda para recuperar la tranquilidad", afirmó Cevallos.
Explicó que ese organismo debe juzgar si es competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituir a los congresistas como resolvió al pasado miércoles, cuando cesó a 57 de los 100 miembros del Legislativo mediante una resolución que es apoyada por el gobierno del presidente socialista, Rafael Correa.
Entretanto, el vicepresidente del TSE, René Mougé, declaró que "no estamos en un conflicto de competencias. Lo que el Tribunal Electoral ha hecho es aplicar una norma jurídica ante un hecho flagrante".
El TSE destituyó a la coalición legislativa de derecha un día después de que ésta "sustituyó" al presidente de la corte electoral, Jorge Acosta, por convocar una consulta popular para el 15 de abril, en la cual se decidirá sobre la instalación de la Constituyente con plenos poderes para que redacte una nueva Carta Magna, como pretende Correa.
El bloque opositor rechaza que Acosta haya citado el plebiscito sin la aprobado en el Congreso del estatuto para la Constituyente presentada por Correa, que deja abierta la posibilidad de que cesen los mandatos de los diputados y del jefe de Estado.
El Legislativo no ha sesionado desde el pasado jueves por falta de quórum, mientras que la Policía impide el ingreso al hemiciclo de los parlamentarios destituidos, al tiempo que Acosta, que desconoció la medida en su contra, continúa en funciones organizando el plebiscito.
"El congreso no puede paralizar sus actividades", dijo Cevallos.
Admitió que actuaciones desbordadas del Legislativo propiciaron en parte la crisis política, dentro de la cual Correa -cuyo gobierno se inició hace dos meses- llamó a sus adeptos a protestar de manera pacífica en las calles para defender la Constituyente.
Acogiendo ese llamado, indígenas y grupos civiles anunciaron movilizaciones en varias provincias que concluirán con una concentración el jueves en Quito.
Manifestantes oficialistas tomaron violentamente el Parlamento el 30 de enero, dejando dos heridos, y la semana pasada golpearon a un diputado exigiéndole la renuncia.
Cevallos señaló su desacuerdo con la resolución que sustituyó a Acosta por su suplente, indicando que por tal motivo no la firmó, pese a integrar la mayoría opositora.
El TSE estima que es la máxima autoridad en tiempo electoral, por lo que la ley lo faculta para destituir a cualquier funcionario que interfiera la celebración de la consulta popular.
| 
