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Foto Principal: 1531108
La diputada Andrea Morales impulsa el proyecto. Con ella, su compañera Lesvia Villalobos.
Natalia soto
Hayan error en texto

Se complica regulación a máquinas de juego


Álvaro Murillo
alvaromurillo@nacion.com

Errores de redacción y posibles contradicciones con la Constitución Política entraban en la etapa final una ley que regularía las máquinas de juegos en comercios, al establecer horarios y restricciones para que menores de 12 años las usen.

La Ley, aprobada por unanimidad el 1.° de febrero e impulsada por la diputada Andrea Morales (Partido Acción Ciudadana, PAC), fue devuelta de la Comisión de Redacción a la de Juventud y Niñez para enmendar los errores.

Ahora el panorama pinta gris pues surgieron enemigos de la Ley después de aprobada y porque las prioridades en el Congreso giran en torno al TLC y su agenda vinculada, admitió Morales.

El texto aprobado habla de “prohibir” en lugar de “regular”, lo que podría ser inconstitucional. Además, menciona “videos y juegos”, en lugar de “videojuegos”, comentó José Luis Valenciano, presidente de la Comisión de Redacción.

El texto aprobado, además, enfrenta críticas de algunos diputados y de autoridades de la Municipalidad de San José, por el efecto que pueda generar en algunos negocios, además de que ponen en duda su utilidad para combatir la adicción de niños y adolescentes a los juegos electrónicos.

“Ha habido mucho ruido sobre esa Ley, pero no me voy a dar por vencida”, comentó Morales, quien admitió que teme que celos políticos frenen la Ley.

La Ley logró avanzar en el Congreso con el aval del Poder Ejecutivo, a pesar de la abundancia de proyectos pendientes y la tensa negociación entre fracciones alrededor del TLC.

La legislación aprobada en primer debate prohíbe tener videojuegos en establecimientos como pulperías o cantinas. Solo será posible en lugares acondicionados para tal fin, con patentes específicas, donde además se prohibiría vender cigarrillos y licor.

Asimismo, a estos locales se les prohíbe el ingreso de niños menores de 12 años, si no están acompañados de un adulto.

Las sanciones pueden llegar a multas de ¢600.000 o a la cancelación de la patente.

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