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Más allá del TLC Lo mejor para el país es ratificar el TLC y luchar por el cierre de la brecha socialJohnny Araya Monge Alcalde de San José La institucionalidad democrática de Costa Rica y gran parte del debate nacional, en los últimos meses, han estado adscritos al monotema del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que ha provocado que una serie de importantes asuntos, para el desarrollo económico y humano del país, hayan quedado estancados u olvidados. El TLC, simplemente, no es la panacea que unos sobredimensionan, pero tampoco es la venta de la soberanía nacional que otros denuncian. Costa Rica, gracias al legado de años anteriores, es el país más competitivo de la región centroamericana, ya que posee un capital humano, un modelo de bienestar social y una experiencia empresarial inéditos en otras de las naciones del istmo. Desde esta perspectiva, y partiendo del hecho de que la globalización es un fenómeno irrefrenable que, con o sin acuerdo con los estadounidenses, va a alcanzar al país, lo mejor para Costa Rica sería ratificar este convenio, a pesar de sus defectos, los cuales habrá que subsanar con políticas de Estado que promuevan la reconversión productiva y una distribución más equitativa de la riqueza. Brecha social. El principal problema de la nación, con o sin TLC, es que lleva varios años de crecimiento económico que no ha servido para cerrar una brecha social que divide, cada día de manera más evidente, a quienes más tienen, de quienes menos tienen, arriesgando a la clase media, que ha sido el puntal de la estabilidad política y social de las últimas seis décadas. Es de esperar que la ratificación del TLC vaya a acelerar ese crecimiento que, de momento, sólo beneficia a un porcentaje muy bajo de la población. Por ende, la tarea más urgente para el Estado, es idear estrategias para que, en el marco de una economía social de mercado, sea posible una distribución más equitativa de la riqueza, de manera directa y focalizada a los grupos de pobreza, de forma amplia a través de la educación, salud y cultura, o de forma indirecta promoviendo la generación de encadenamientos desde el sector exportador hacia el interior de la economía. Existen muchas herramientas para promover la movilidad social y el bienestar general. Desde la fundación de la Segunda República (1949), la educación en todos los niveles, el acceso universal a los servicios de salud y de pensiones y la regulación de la competencia, permitieron una sociedad sustentada en la equidad. Política de equiparación. Hoy, en el marco de la economía global, el Estado debe reinventarse, para fungir como esa balanza que evita que los recursos se acumulen en manos de muy pocos, mientras la calidad de vida de las mayorías se deteriora. El sector privado, nacional y extranjero, cuyo bienestar depende, en gran medida, del consumo interno, debe comprometerse con esta política de equiparación social, ya que una población que pierde poder adquisitivo no es un escenario ideal para el crecimiento sostenible. Una vía, que puede no ser la única, es procurar la redistribución de la riqueza, mediante medidas impositivas que aseguren al Estado la financiación de obras que hagan más competitivo al país, así como que garanticen los recursos para la sostenibilidad del Estado social y democrático de derecho, no solo con mejoras a los servicios públicos existentes, sino también con la creación de nuevos instrumentos para impulsar a los sectores menos favorecidos, para que puedan salir del círculo vicioso de la pobreza, para incorporarse como productores y consumidores a una economía dinámica y en crecimiento. Se trata de concertar un nuevo modelo de desarrollo, en el cual el bienestar general sea una ventaja competitiva más para la economía costarricense.
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