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INS, quo vadis? Los diputados no deben permitir al INS que extienda actividades a otros paísesThelmo Vargas tvargasm@yahoo.com Economista ¿Adónde va el Instituto Nacional de Seguros? O –quizás más correctamente– ¿adónde quieren llevarlo algunos? Leyendo el texto de un proyecto de ley reguladora del mercado de seguros en Costa Rica (expediente legislativo número 16.305), que formaría parte de los compromisos adquiridos dentro del tratado de libre comercio con los Estados Unidos (TLC), concluyo que la respuesta a esa interrogante es: ¡a donde no debería estar! Con la eventual apertura del mercado de seguros comerciales, de vida y de daños, es muy probable que el Instituto Nacional de Seguros (INS) pierda parte importante de su actual cartera; al tarifar tendrá que discriminar mejor entre grupos de riesgos (para no quedarse solamente con los malos) y ajustar su escala de planta a un nivel de actividad inferior. Al perder parte de la ventaja de diversificación que un mercado monopolístico apareja, sus resultados de aseguramiento serán más volátiles que hoy. Más necesaria será la supervisión prudencial de su actuar y, en buena hora, el citado proyecto de ley dispone la creación de una superintendencia de seguros en el país. Si bien el INS arriesga perder privilegios, los consumidores –que en este caso, como en muchos otros, constituyen el fin de la política pública-- podrían ganar mucho. Dudosa conveniencia. Pero el citado proyecto de ley también incluye varias disposiciones de dudosa conveniencia nacional: al INS se le faculta para operar como asegurador primario no solamente en Costa Rica, sino en el exterior; para actuar como reasegurador de otras empresas aseguradoras... y todo ello lo haría con la garantía del Estado costarricense. Aquí conviene hacerse esta pregunta: ¿cuáles objetivos de interés social llena la operación del INS como asegurador en el extranjero y como reasegurador de otras compañías, muchas de ellas extranjeras? ¿Por qué tiene que contar con la garantía del Estado? Los riesgos de esas actividades (que –por lo demás– ya son debidamente desempeñadas por empresas privadas que no requieren la supervisión ni de la Contraloría General de la República ni de una eventual superintendencia aquí) son enormes. El negocio del reaseguro tomado, por ejemplo, se caracteriza por estar expuesto a pérdidas poco frecuentes, pero de altísima gravedad.Remember Katrina and 9/11! La operación eficaz en esa área requiere mucha especialización y un sistema de incentivos que no tiene el INS y que difícilmente puede tener mientras sea empresa de propiedad estatal. Costo de garantía. Por otro lado, en estricta contabilidad pública, la garantía que el Estado costarricense brinde en esta materia debería ser explícitamente reconocida mediante la creación de un “fondo” para eventuales pérdidas, que el Ministro de Hacienda debería alimentar año con año con recursos del presupuesto nacional. Aquí no hay almuerzo gratis. Toda garantía tiene un costo. Por último, Estados Unidos podría argumentar que una reforma al INS que contenga una garantía estatal para sus operaciones “desnivela” el terreno y que eso no está acorde con el espíritu de la competencia que, para beneficio de los asegurados, se quiere promover con el TLC. Por lo anterior, los diputados le harían un gran favor a Costa Rica si eliminan la posibilidad de que el INS extienda sus actividades a otros países, que sea reasegurador y que tenga la garantía del Estado; es decir, de todos los pagadores de impuestos.
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