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Plan pretende sancionar acoso por parte de políticos Diputadas de varios partidos buscan llenar vacío legal en esta materiaAna Helena Chacón denunció que “hay certeza de relaciones de poder” Ana Lupita Mora lumoral@nacion.com Una reforma legal pretende establecer sanciones para los funcionarios públicos elegidos popularmente que incurran en hostigamiento sexual, un vacío en la legislación vigente. El proyecto de enmienda a Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia lo presentaron ayer las diputadas Ana Helena Chacón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Patricia Quirós, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Si la iniciativa se aprueba, regidores, síndicos, alcaldes, presidente y vicepresidentes de la República podrán ser sancionados.
Ambas legisladoras manifestaron que la propuesta surge tras varios meses de discusión y búsqueda de acuerdos con diferentes sectores para solventar un bache en la legislación que rige. “Desde hace nueve años se ha hecho una serie de recomendaciones para subsanar los vacíos legales en materia de acoso sexual. Sin embargo, no se ha hecho nada por corregir esta situación”, dijo Ana Helena Chacón. “Hay certeza –agregó– de que existe una indefensión de las trabajadoras en el ámbito legislativo, municipal y donde se da una clara relación de poder que involucra a funcionarios elegidos popularmente y a quienes las sanciones de la ley vigente no los alcanza”. La ley, aprobada en 1994 por el Congreso, contempla “la amonestación escrita, la suspensión y el despido, sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente cuando las conductas también constituyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal”. Las diputadas presentaron la propuesta acompañadas de Lisbeth Quesada, defensora de los habitantes; Silvia Meza del Instituto Nacional de la Mujer, y Rosemary Maddem, de la Red Feminista. Estas dirigentes y sus instituciones han colaborado durante estos meses con Chacón y Quirós para la redacción del proyecto. Quesada resaltó que esta reforma tuvo como “insumo básico” el diagnóstico que ha elaborado su institución, con base en la cantidad de casos que ha debido atender. Manifestó que la Defensoría lucha por los derechos de todas las mujeres, especialmente de grupos vulnerables. Citó a indígenas y trabajadoras domésticas. Silvia Meza, por su parte, expresó que el Estado está comprometido con la defensa de los derechos de la mujer. El proyecto propone diez reformas que definen objetivos, reponsabilidades de patronos y jerarcas en la prevención del acoso.
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