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Alterra, el calamar y el zorrillo Otto Escalante y cuatro firmas más Ante repetidos cuestionamientos, Alterra, como el calamar, se esconde tras una nube de tinta, o como el zorrillo, proyecta su propio hedor a quienes lo denuncian. Ataca a don Rodolfo Silva –con quien somos solidarios– y alevosamente se atreve a sugerir intereses económicos en nuestra lucha patriótica que ha impedido al voraz contratista violentar las leyes del país y enriquecerse ilícitamente. Lanza las mismas infundadas especies que ya utilizó durante estos 6 largos años y ofende con insinuaciones la dignidad de los costarricenses. Con mentiras trata de manchar la trayectoria ejemplar del exministro de Transportes Ing. Silva. Esta lucha la compartimos ciudadanos que, sin los enormes recursos financieros que Alterra malgasta en propaganda y desinformación, hemos conseguido despertar la conciencia de muchos sobre los graves perjuicios causados por Alterra al aeropuerto y al país. Veamos algunos de los abusos de Alterra: Ha recibido $125 millones de los ingresos del aeropuerto, préstamos por $90 millones y aportes de capital por 35 millones, o sea un total de $250 millones. Si se restan los gastos de operación, mantenimiento y financieros que autoriza el contrato, queda disponible al menos la mitad de esa cifra, más que suficiente para haber construido todas las obras contratadas. Pero Alterra ha inflado los gastos contra lo dispuesto en el contrato y dice que no tiene dinero. Ante la negativa de aportar los fondos requeridos, en el 2001 –por cuestionable orden del presidente Rodríguez– el Gobierno otorgó al contratista un préstamo por $12,4 millones, sin garantía alguna. ¿Está Alterra pagando esta deuda al Gobierno? En violación del contrato y desobedeciendo a la Contraloría –con la anuencia del Gobierno– en el 2002 traspasó a tarifas $18,6 millones de gastos que el contrato limitaba a $3,4 millones. Quisieron regalar ilegalmente a Alterra $15 millones, lo que se evitó gracias a la denuncia de este grupo de ciudadanos y a la firme actitud contralora. En el 2003 la Contraloría ordenó derogar esos “acuerdos de medianoche”, corregir las tarifas ilegales y devolver lo cobrado en exceso. Alterra rehusó cumplir estas órdenes vinculantes. ¿Podrían explicar el Cetac y Alterra por qué no acataron este pronunciamiento? Pese a sus supuestos problemas financieros, Alterra cargó alegremente al proyecto el pago de comisiones no autorizadas por el contrato; por ejemplo: una de $21,5 millones a TBI-AGI, en su día socio de Alterra. ¿Por qué ha aceptado el Cetac estas violaciones? Alterra pretende haber invertido en obras $83 millones, pero el ingeniero fiscalizador del Cetac informó al Colegio de Ingenieros que estas inversiones apenas alcanzaban $37 millones. ¿Cómo explican esa diferencia? ¿Quién se benefició? Ni más ni menos que los socios de Alterra (Bechtel y Edica), que actúan como subcontratistas. ¿Ha aceptado el Cetac esos injustificables sobreprecios por $46 millones? Alterra los utiliza para alegar un “desequilibrio” y trata de modificar el contrato a su gusto. Alterra no ha cumplido con asignar el personal clave con experiencia en aeropuertos que estipula el contrato. ¿Por qué tolera el Cetac esta situación irregular? Alterra paralizó las obras injustificadamente por más de 3 años y solo las reinició de modo parcial en 2006, ante el ultimátum de la Contraloría. Tanto la CGR como dos tribunales arbitrales y una comisión del Cetac han confirmado que no hubo razón legítima para tal suspensión, que ha causado serios perjuicios. Esto le permitió disfrutar de los ingresos del aeropuerto, sin invertir. Por este grave incumplimiento, Alterra ha incurrido en multas del orden de $40 millones. ¿Por qué el Cetac no cobra esas multas? Además, Alterra ha presentado demandas arbitrales contra el Estado por $117 millones. La oportuna acción de la Procuraduría General ante los tribunales ha demostrado que más del 90% de esas demandas eran injustificadas y leoninas. Por si fuera poco, en el último addendum , que la Contraloría rechazó por improcedente, se pretendía bendecir los sobrecostos ilegales y asegurar a Alterra una indemnización por $155 millones si se rescindía el contrato, aunque fuese culpa del contratista. Por todo ello, la Contraloría ha rechazado en repetidas ocasiones las addenda al contrato presentadas por Alterra y el Cetac, al no encontrar el alegado desequilibrio financiero, ya que el contratista ha dispuesto de suficientes fondos para realizar todas las obras, pero los gastó en sobreprecios, comisiones y transferencias no autorizadas. Ahora, como si nada hubiese ocurrido, sin devolver lo cobrado de más, propone un nuevo préstamo de $48 millones y una extensión del contrato que le daría 5 años más de ingresos, hasta el 2026, para que el hueco lo paguen los usuarios, ya que costaría $100 millones solo en intereses adicionales. El Cetac, con preocupante falta de transparencia, no permite el acceso a los documentos sobre el nuevo “arreglo”. ¿A qué tanto secreto? No es don Rodolfo Silva el que deniega las pretensiones insaciables de Alterra: es la ley que exige el cumplimiento cabal de los contratos pactados. Al no poder explicar lo inexplicable, Alterra recurre a las tácticas del calamar y del zorrillo, y, sin argumentos, ofende.
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