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PND: ¿volaremos alto? Serias debilidades en factor crucial para el éxito: la estrategia de conducciónJohnny Meoño Segura Politólogo y administrador público Hubiera deseado solo quemar incienso al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Lo digo muy en serio. Mi tesis de toda una vida ha sido que un excelente gobierno nos sirve a todos, y un PND debe ser la carta de navegación del país. Pero, mi incómoda e independiente conciencia me ha llevado a estudiar dicho Plan tal y como ofrecí hace poco, y reconocer las serias debilidades alrededor del factor más crucial para su éxito: su estrategia de conducción. El Plan se deriva del programa electoral del PLN, y de allí los problemas mayores, pues no se le practicaron vitales ajustes, según advertimos en enero del 2006 (cfr. estudio sobre programas electorales, en www.iice.ucr.ac.cr). kPrimero: se repiten las gruesas contradicciones de aquel programa, al hablar, por un lado, de “ministros rectores” y, por otro, de “ministerios rectores”, una confusión conceptual y jurídica que llevará a problemas operativos que a nadie parece importar, pero que resulta esencial comprender pues las competencias y la eficacia de ambas figuras, y los medios y acciones para operar, son totalmente distintos. kSegundo: advertimos hace meses de las profundas contradicciones entre conceptos correctos de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), como “metas y tipos de medios” según art. 99, y el concepto de “acción estratégica” tomado del muy deficitario reglamento de la Ley N° 8131. ¿Resultado? Las “metas” en el Plan no surgen de la focalización de la actividad legal de cada ente a pesar del largo tiempo de maduración que este tuvo, ni están entrelazadas en modo alguno con diversas leyes de índole sectorial, surgen de metas enunciadas sin rigurosidad en el programa del PLN. Este vacío contraviene lo que sabiamente dispone la LGAP en aquel art. 99 y augura un total incumplimiento del art. 140 inciso 3 constitucional, que es el que también sabiamente prevé que el régimen de derecho –el verdadero, no el que cada quien refiere a medias según intereses personales– sea realmente tutelado por “cada Poder Ejecutivo” vía la ejecución exacta y efectiva de las leyes.
kTercero: tampoco ofrece el Plan una estrategia integral en materia regional y un papel protagonístico de Mideplan en ello. Argumentar que las instituciones tienen distinto número de sedes y en diferentes ciudades, y que por ello no se utilizará lo existente antes de reordenar “lo regional”, es un argumento muy débil ante los portentosos objetivos y exigencias reales del desarrollo regional. Lo peor: pone en franco riesgo los loables objetivos de desarrollo del mismo Plan. kCuarto: mantiene también total silencio sobre leyes claves existentes para la buena marcha de varios sectores (en ambiente y recursos naturales, educación, agri- cultura, pobreza, niñez y adolescencia), además de ignorar su necesaria articulación con aquellas normas superiores de conducción que sí existen para un excelente y articulado gobierno. kQuinto: persiste una fragmentación de políticas y programas que, debiendo dirigirse a una misma unidad poblacional –como la familia pobre, en ambiente, producción y otros sectores– no lo hacen de manera convincente; tampoco se clarifica la naturaleza concreta de la dirección política ni los mecanismos e instrumentos precisos a aplicar por cada ministro rector para articular eficazmente esos múltiples esfuerzos (o sea: sin una explícita y clara estrategia global y “micro” de conducción o gestión, ninguna política pública será efectiva. Habrá solo improvisación y resultados aleatorios. Punto). kSexto: sobre reforma del Estado, el Plan pretende ser pragmático pero resulta bastante difuso y micro, y no reconoce la normativa y mecanismos “macro” precisamente disponibles para lograr, hoy, un excelente gobierno. Mantiene la idea nociva de una “ley orgánica de la administración pública” que eliminaría “algunas” juntas directivas de entes autónomos, lo cual supone dejar estos en manos de ¿gerentes generales? dependientes del Poder Central, y quitarían quizás solo “algunas” presidencias ejecutivas. ¿Significado pragmático? El Plan 2007-2010 ofrece un muy débil diagnóstico, o sea, un inaceptable silencio, sobre la creciente corrupción producto, en gran medida, de ese régimen de presidencias y del manejo rabiosamente politizado de esos gerentes, y de funcionarios en toda institución. Hasta aquí llegamos hoy. Queda esperar que la Contraloría –que por dicha ya empezó–, la Defensoría de los Habitantes y co- adyuvantemente los partidos de oposición, exijan cumplir ese marco normativo superior que permitiría un mayor desarrollo del país. Lo lamentable de todo esto es que así debía ser desde 1974, con laLey de Planificación Nacional , pero… Que el Señor nos agarre confesados ante tanta improvisación en asuntos públicos y gubernativos tan determinantes para el país, es mi mejor deseo de nuevo año. Amén.
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