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EDITORIALLento catastro Iniciado el programa del Catastro y Registro en el 2001, al 2006 solo había avanzado el 12,7%Este proyecto es una de las necesidades prioritarias del país en el campo de la seguridad jurídica Un informe de la Contraloría General de la República, que publicamos ayer, denuncia el atraso en el “Programa de Regularización del Catastro y Registro”. El objetivo de este proyecto es armonizar la superficie del territorio nacional con los planos vigentes. De acuerdo con estos, el país mide un 20% más que el terreno disponible. Este programa es prioritario. La actualización de los planos, la prevención y resolución de conflictos sobre derechos de propiedad, la dotación de herramientas a las municipalidades para el cobro de los impuestos sobre la tierra, así como la demarcación y ordenamiento de áreas bajo regímenes especiales, como lo informamos ayer, son algunos de los aspectos más importantes de este proyecto. Numerosas han sido las noticias, en estos años, sobre conflictos de todo orden por la inseguridad jurídica prevaleciente en este campo y por la ausencia de criterios legales y técnicos definidos. Salta a la vista, entonces, que la tardanza denunciada por la Contraloría no equivale a una falta de diligencia que pueda pasar inadvertida. Estos atrasos, además de significar un sensible incumplimiento de deberes, causa perjuicios económicos muy elevados. Algunos datos confirman la gravedad del atraso. Este proyecto está en marcha desde el 27 de setiembre del 2001, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al aporte, por $27 millones, del Gobierno de la República. La Contraloría comprobó que, al 30 de junio del 2006, solo se había utilizado el 12,7% de los recursos presupuestados. Además, buena parte del dinero se ha destinado a gastos administrativos. El 86% de este monto se ha orientado al pago de honorarios y consultorías. La Contraloría agrega que la unidad ejecutora del proyecto alcanzó “los términos óptimos de operación” hasta finales del 2005, pese a que aquel comenzó en el 2002. Por otra parte, de acuerdo con el citado informe, la unidad ejecutora no disponía de un sistema de información adecuado para evaluar el avance del proyecto, pese a que en noviembre del 2004 se contrató un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento con la empresa Estudios para el Futuro, Consultores Especializados S. A., y una consultoría con la firma Ticohosting. Com S. A. Esta serie de omisiones repite un guion clásico en la administración pública: la contratación de empréstitos sin ejercer un control elemental sobre la realización de las obras y ni siquiera sobre su inicio. Sea suficiente decir que, en este programa de catastro, el Gobierno tuvo que desembolsar, en el 2005, $700.000 por no haber usado los recursos a tiempo, más $37.000 por intereses, cuando solo se había recibido $1 millón del BID. El Ministerio de Hacienda prepara una respuesta a la Contraloría sobre este informe crítico. Ignoramos, en consecuencia, si surgirán razones que justifiquen este atraso. En todo caso, lo denunciado por la Contraloría ha sido una constante, como expresión, en el ámbito del Estado. Baste traer a cuento el atraso, por tres años, en el ICE del funcionamiento de Internet Avanzada en la administración anterior, el viacrucis de los celulares o los inolvidables episodios con la construcción de las vías públicas o la aplicación de la concesión de obra pública. Como hemos expresado en otros comentarios, mientras la eficacia y el sentido del tiempo han alcanzado su cima en actos de corrupción, otros proyectos, de indudable necesidad, siguen fieles al “nadadito de perro”, tan enraizado en las instituciones públicas.
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