Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt
(AFP)
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WASHINGTON (AFP) -
La madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, detenida desde hace cinco años por las FARC, y familiares de otros secuestrados por esa guerrilla, pidieron el martes a la CIDH que se oponga a un rescate por la fuerza de los rehenes por el Gobierno.
"Una liberación por la fuerza" como la que promueve el gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, "equivale a condenar a muerte a los secuestrados", expresó Pulecio.
"Si esto fuera posible sin exponer a altos riesgos la vida de los rehenes, Estados Unidos, que tiene tres americanos (entre los secuestrados) ya lo hubiera intentado", argumentó, recordando que entre los 57 prisioneros políticos de las FARC figuran tres ciudadanos estadounidenses.
Pulecio, que habló en nombre de familiares de los rehenes, incluidos militares y policías en poder de la guerrilla por casi una década, sostuvo que un operativo por la fuerza está destinado al fracaso porque no hay efecto sorpresa posible en una zona selvática controlada mediante un esquema de anillos de seguridad instalados por la guerrilla.
La madre de Betancourt solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la OEA, "que exhorte al presidente Uribe para que no emprenda operativos de rescate en el caso de los secuestrados políticos y busque sin más ambigüedades el establecimiento de un acuerdo humanitario" que permita canjear a los rehenes por rebeldes presos.
Es el "único camino para salvar a nuestros seres queridos sin poner en peligro sus vidas", concluyó la madre de la ex candidata presidencial, ciudadana colombiana y francesa secuestrada junto a su compañera de fórmula presidencial, Clara Rojas, mientras hacía campaña en 2002.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la guerrilla más antigua y poderosa militarmente de las que combaten en el país, exigen canjear a un grupo de 57 de sus rehenes por unos 500 rebeldes presos.
El gobierno colombiano ha repetido la posibilidad de un operativo de rescate militar de los rehenes.
Caterina Heyck, abogada que representó el petitorio de las familias ante la CIDH, urgió al organismo interamericano a "que se una al clamor de la comunidad internacional, Francia, Suiza, España y la Iglesia Católica, (que) se han pronunciado a favor del acuerdo humanitario y a favor de una salida negociada".
Un rescate armado "sería violatorio del derecho internacional humanitario por cuanto es posible prever de antemano que la vida y la integridad de secuestrados políticos corre peligro", esgrimió, al tiempo que enumeró antecedentes de operativos que fracasaron en Colombia.
En concreto, el pedido que las familias formularon a la CIDH es que vuelva vinculante para Colombia un pronunciamiento sobre la cuestión de los rehenes emitido en el año 2004 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En él se establece que, si bien "el Estado debe tomar medidas proactivas a favor de la libertad de las víctimas", posibilidad que incluye el uso de la fuerza, "cuando no es posible garantizar en condiciones de extrema seguridad la vida y la integridad de los secuestrados debe el Estado considerar otras alternativas" como el derecho internacional humanitario.
"Lo que queremos es que para el Estado colombiano sea obligatorio este documento y sea vinculante y que por ende proceda a avanzar en la realización del acuerdo humanitario", sostuvo Heyck.
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