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Juzgado desestima causa por compra de patrullas defectuosas Fiscal argumentó que la Contraloría General avaló la compra de vehículosSeguridad Pública insiste en que hubo millonario fraude y apelará fallo judicial Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com El Juzgado Penal de San José desestimó una causa penal por la compra de 46 patrullas rumanas defectuosas, marca ARO, adquiridas por el Ministerio de Seguridad Pública en mayo del 2001. Los vehículos nunca sirvieron; muchos presentaron fallas el mismo día de su entrega, lo que generó pérdidas superiores a los $650.000 al Estado. La decisión del Juzgado, a cargo de Mercedes Muñoz Campos, se tomó a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, que seguía una investigación “contra ignorado” por el delito de peculado. Ese fallo judicial fue duramente criticado por el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal Soto, quien incluso se reunió la mañana del miércoles con el fiscal de la República, Francisco Dall’Anese, para expresarle su desacuerdo y descontento. “Lo que decimos es que este enfoque de la Fiscalía está equivocado. Es un argumento totalmente formal. Aquí lo que hubo fue un fraude en la entrega de las cosas. Esto es un enorme fraude”, declaró Berrocal. Las patrullas fueron compradas mediante licitaciones a la empresa Automotores Europeos de Centroamérica S. A., la cual no tenía experiencia en la venta de autos al Estado, según la Fiscalía. La primera compra se otorgó por 14 vehículos valorados en $180.600 y la segunda por 32 unidades con un costo de $470.400. El día de su entrega, en Seguridad Pública, buena parte de las patrullas no arrancaron, lo que impidió ponerlas en operación. Además, otras tuvieron que ser sacadas por grúas y, las que arrancaron, lo hicieron en medio de grandes nubes de humo, lo cual provocó risas entre los policías.
Otras unidades sufrieron pérdidas de potencia del motor, derrames de aceite, desperfectos en los frenos, mal estado de los seguros de las puertas y dificultades para accionar la reversa. La mayoría de las 46 patrullas fueron finalmente desechadas. En su solicitud de desestimación, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Javier Gutiérrez Vargas, reconoce que Automotores Europeos “no tenía experiencia en licitaciones públicas ni en la importación de vehículos al país”. Además, “la firma tampoco contaba con taller de servicio propio y tenía serios problemas con el abastecimiento de los repuestos”. Sin embargo, concluye que “no existe prueba documental ni testimonial esencial y suficiente como para demostrar que las actuaciones de los funcionarios públicos encargados de los procesos licitatorios pudieran ser susceptibles de alguna responsabilidad de carácter penal por los resultados tan negativos de las compras realizadas”. Al respecto, Berrocal afirmó: “A nuestro juicio, el mal estado de las patrullas, muchas de las cuales ni siquiera arrancaron el día de su entrega, daba lugar al no pago al vendedor, daba lugar a detener las garantías de cumplimiento”. Según el Ministro, “el problema es otro; la Fiscalía, con todo respeto, no interpretó bien el caso. Son responsables quienes autorizaron los pagos y son responsables quienes devolvieron las garantías de cumplimiento. Esa es nuestra posición. Estamos claros en eso”. Anunció que de ser necesario denunciará nuevamente el caso pero confía en que el Ministerio Público “actúe de oficio”. El fiscal a cargo del caso responsabilizó únicamente a la empresa Automotores Europeos de Centroamérica de “incumplimiento contractual”. “En ningún caso se verificó la existencia de prueba alguna que pudiera acreditar una actuación dolosa dirigida a la sustracción de bienes de la hacienda pública que puedan ser endilgadas penalmente a algún funcionario en concreto”, insiste el fiscal Gutiérrez. El entonces ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos Martínez, durante cuya administración se compraron las patrullas rumanas, dijo a La Nación que conoce el fallo pero se limitó a decir : “Nos vemos en los Tribunales”, sin precisar a quiénes se refería. “Nada más eso”, dijo, cuando se le pidió ampliar su comentario y cortó la llamada hecha a su teléfono celular. El caso, insiste por su parte Berrocal, “sigue abierto”.
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