Ecuatorianos a favor de la Constituyente
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QUITO (AFP) -
La oposición legislativa de Ecuador demanda este lunes la ilegalidad de la convocatoria a una consulta popular sobre una Constituyente, en una de sus últimas maniobras contra la Asamblea impulsada por el gobierno y que podría disolver el Congreso.
"Esta idea, que esperamos que no cuaje, demuestra que la mayoría de los diputados desconoce el abrumador sentir de la ciudadanía", dijo este lunes Fernando Bustamante, asesor político del presidente socialista Rafael Correa, quien no presentó candidatos en las legislativas de octubre.
"Una vez más están mostrando su típico estilo de triquiñuela, mañosería y procesos sinuosos que buscan desgastar al adversario y estancar el proceso de cambio que hay en el país", agregó.
La demanda será presentada por la coalición de derecha ante el Tribunal Constitucional (TC), luego de que el jueves la corte electoral convocara el plebiscito para el 15 de abril.
Según el diputado Carlos Larreátegui, autor de la querella y presidente del comité de Asuntos Constitucionales del Congreso, el fallo del TC "puede detener todo lo actuado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque éste y el gobierno se arrogaron funciones legislativas".
Además de la demanda, los legisladores votarán el martes una moción para que el presidente del TSE, Jorge Acosta, sea reemplazado por su suplente.
En su mayoría, los magistrados del TC fueron nominados al cargo por los partidos de oposición.
Sin embargo, el presidente del organismo, Santiago Velásquez, indicó que la resolución de la demanda puede tardar unos 60 días "dándole un trámite preferencial", por lo que el fallo sería posterior a la consulta.
La oposición rechaza que la corte electoral haya convocado el referendo acogiendo el estatuto del gobierno, pues sostiene que sólo el Parlamento podía fijar las reglas.
Pero Acosta reiteró este lunes que el Congreso únicamente podía calificar la "urgencia" de la consulta -como lo hizo el 13 de febrero al autorizarla-, y advirtió que la ley lo faculta para destituir y retirar los derechos políticos a los funcionarios que obstruyan el proceso electoral.
"Los diputados metieron mano al estatuto cuando no tenían la facultad para hacerlo", señaló.
Al dar luz verde al plebiscito, el Legislativo modificó el reglamento original del gobierno indicando que la Asamblea debe respetar los resultados de las elecciones parlamentarias y las presidenciales de diciembre.
Pero en el estatuto definitivo Correa excluyó dicho inciso reiterando que la Constituyente será de "plenos poderes", por lo que podrá llamar a nuevos comicios.
"Mi gobierno, junto a toda la ciudadanía, impedirá que unos cuantos mafiosos vayan contra la voluntad popular", advirtió el mandatario el fin de semana, y subrayó que la consulta es "irreversible".
Correa promueve la Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que reduzca el espacio a lo que él llama la "partidocracia" e inserte a Ecuador en el "socialismo del siglo XXI" que promueve su aliado, el mandatario venezolano Hugo Chávez.
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