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Contraloría denuncia retrasos en programa de catastro Pasó 70% del tiempo del programa y solo han ejecutado 12,7% de recursosEl proyecto pretende calzar planos con territorio del país Patricia Leitón pleiton@nacion.com La Contraloría General de la República denunció atrasos en el “Programa de Regularización del Catastro y Registro”. El Programa pretende hacer coincidir el tamaño del territorio nacional con los planos (en estos, Costa Rica mide cerca de un 20% más que el terreno disponible). El proyecto, que rige desde el 27 de noviembre del 2001, se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $65 millones, más un aporte del Gobierno por $27 millones.
El órgano contralor detectó que, al 30 de junio del 2006, se habían ejecutado $11,7 millones (un 12,7% del total de recursos) pese a que transcurrió el 70% del tiempo previsto para la ejecución. Además, la mayor parte del dinero se ha destinado a gastos administrativos. El 86% del total de los gastos ejecutados corresponde a honorarios y consultorías. La estructura de la unidad ejecutora del proyecto alcanzó los “términos óptimos de operación”, hasta finales del 2005, pese a que el programa inició en el 2002. El BID calificó el avance del programa como “insatisfactorio”. Poca información. La Contraloría indicó que, pese a las señales de retraso, fue imposible contar con suficiente información para evaluar el avance del proyecto. La entidad consultó sobre la forma en que está dispuesta la información de interés y la unidad ejecutora indicó que “no cuenta con sistemas informatizados que brinden esa información”. “Llama la atención que la administración de la unidad ejecutora indicara que no contaba con este tipo de sistemas, pese a que en noviembre del 2004, se contrató a la empresa Estudios para el Futuro, Consultores Especializados S. A., para que implementara un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento del Programa, con un costo de $155,500”, señala el documento. También se contrató la consultoría a Ticohosting.com. S. A., que pretendía “disponer de un servicio de hospedaje para la operacionalización del sistema de monitoreo y control de indicadores de ejecución del programa”, por $9.425. La unidad ejecutora se ubica en un edificio alquilado, pese a que la ministra de justicia, Laura Chinchilla, les invitó a trasladarse al Registro Nacional para facilitar la comunicación y la realización de reuniones técnicas. La Contraloría indicó al Ministerio de Hacienda –coordinador y rector de la unidad ejecutora– “ordenar de inmediato un estudio que permita conocer, y determinar si deben establecerse responsabilidades ante eventuales incumplimientos”. Consultada sobre los cuestionamientos, la viceministra de Hacienda, Jenny Phillips, dijo que preparan una respuesta a la Contraloría, la cual entregarán en unos 15 días.
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