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Ley del embudo Fernando Durán Ayanegui El azar me llevó a coordinar, simultáneamente, dos empeños relacionados con la difusión del libro nacional: laEditorial Universidad de Costa Rica y la Exposición Permanente de la Edición Costarricense . Esta última, a la cual el público apodó “Librería Universitaria”, exhibe más del 95% (cerca de cinco mil títulos) de los libros nacionales puestos a disposición del lector y ha sido muy exitosa, quizás porque difícilmente existe una librería comercial que tenga en sus estantes más del 10% de la oferta bibliográfica nacional. En realidad, esto no es una crítica a las librerías privadas, pues las razones que tienen sus propietarios para hacer que esto sea así resultan, desde el punto de vista económico, comprensibles Dentro de ese marco, me he familiarizado con los problemas del mercadeo del libro y mi primer testimonio, desprovisto de amargura puesto que trata de una situación inmodificable, consagrada por casi todos los Gobiernos que recuerdo, es que los ministerios de Cultura, de Educación y de Hacienda carecen totalmente de políticas de estímulo a la industria editorial nacional. En lo que contrastan abismalmente con sus colegas de España, México, Quebec, Colombia y Francia para poner tan solo unos pocos ejemplos. Y, siendo la realidad de ese tamaño, aramos con los bueyes que tenemos y al desfile no le faltan faroles. Sin embargo, hay que comentar un detalle que, como dicen los beisbolistas, “se voló la cerca”. No todos los libros ticos son de interés turístico, pero algunos, en especial los que se relacionan con nuestra riqueza biológica y con las tradiciones y la cultura popular costarricenses, tienen buenas posibilidades en ese campo. Pero, aunque las editoriales públicas y privadas deben resolver por sus propios medios los problemas de difusión y mercadeo, no deja de ser “amargo” el que justamente lo que pareciera ser una política de gobierno haya creado, en un caso concreto, una situación de monopolio que atenta contra los autores y los editores costarricenses, en beneficio de un par de empresarios extranjeros. En efecto, en el aeropuerto internacional, bautizado irónicamente con el nombre de Juan Santamaría, la oferta de libros a los viajeros es monopolio de dos empresas que, para llevar los libros ticos a sus estantes, exigen a los editores nacionales descuentos leoninos, ruinosos, absolutamente inaceptables. ¿Y los ministerios que algo tendrían que ver con el asunto, Cultura, Obras Públicas, Turismo y Educación? Pues, como decían en Alajuela, “rezándole a la Llorona” (antiguo “detrás del palo”).
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