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Confrontado con la verdad, don Ottón echa mano de un subterfugio lamentable Pueden creernos a ambos porque decimos verdades diferentes sobre textos totalmente diferentesArmando M. González R. Dice don Ottón Solís que oculté a los lectores una parte de las declaraciones brindadas por él a Radio Universidad el 6 de febrero pasado. Es decir, que lo cité fuera de contexto para hacer creer que, en su opinión, los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe solo pueden ser cancelados mediante una ley del Congreso estadounidense. En el artículo que inició la polémica con el excandidato del PAC, escribí: “Luego de insistir en la necesidad de una ley para eliminar los beneficios del TLC, Solís expresó: ‘El presidente de Estados Unidos podría querer quitarla si Costa Rica se hace enemigo, si no participa en la lucha contra el narcotráfico, si se hace comunista, que nada de eso va a ocurrir’”. ( La Nación , domingo 11 de febrero ( www.nacion.com/ln_ee/ 2007/febrero/11/home.html ). Esa es, precisamente, la cita que don Ottón me recrimina haber omitido. Como se ve, nunca oculté la ambigua referencia a las potestades presidenciales. El problema es que don Ottón se cita a sí mismo fuera de contexto. Antes de hacer la afirmación, el dirigente del PAC aseguró, en cuatro ocasiones y sin ambigüedades, que los beneficios deben ser cancelados por ley. Comentando su reciente visita al Congreso de los Estados Unidos, afirmó: “…la ley… esa para excluir a Costa Rica, sería una ley en que se deja como a 20 países… que ni siquiera están negociando con los Estados Unidos, que se benefician. O sea, sería una ley para excluir a Costa Rica”. Luego, relata el encuentro con un diputado estadounidense: “Como me dijo un congresista: ¿Quién va a castigar a Costa Rica? ¿Acaso Costa Rica es Cuba o Irán o Corea del Norte? El congresista que presente eso, con el respeto que se le tiene a su país, Mr. Solís, ese congresista pierde las próximas elecciones y saca un voto”. Solís también relata que el representante Jim McDermont comentó: “El Congreso lo manda el Partido Demócrata, que votó contra el TLC. ¿Cómo vamos a castigar a un país porque haga lo mismo?”. Contradicción. Justo antes de referirse al presidente de los Estados Unidos, Solís se dirigió a la entrevistadora y expresó: “Para quitar la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, doña Juliana, para que usted valore las afirmaciones de don Kevin Casas, tiene que haber una ley del Congreso”. Acto seguido, formuló sus ambiguas declaraciones sobre la iniciativa que el Presidente podría tomar en condiciones extremas (“…si Costa Rica se hace enemigo, si no participa en la lucha contra el narcotráfico, si se hace comunista…”). La única conclusión razonable es que, según criterio de don Ottón, la cancelación de los beneficios solo es posible mediante una ley que el Presidente podría promover si se presentan circunstancias extremas. Admito que esa conclusión mana de un esfuerzo interpretativo, indispensable para conciliar el discurso de don Ottón con la lógica, ya que es imposible conciliarlo con la verdad. Debí saber que semejante esfuerzo es inútil y si don Ottón lo prefiere, aceptaré que defiende las dos tesis al mismo tiempo, aunque sean contradictorias. En beneficio de la discusión, también estoy dispuesto a aceptar que cuando don Ottón dijo que para eliminar las ventajas de la ICC “tiene que haber una ley del Congreso”, quiso decir que esa es una de las dos vías por las cuales podríamos perder las ventajas comerciales. En otras palabras, quiso decir que no necesariamente tiene que haber una ley del Congreso. El nuevo énfasis de don Ottón sobre la existencia de una segunda vía tiene gran importancia para establecer si el riesgo de perder los beneficios de la ICC es real o si solo se trata de un elemento de la “estrategia del miedo” denunciada por el excandidato. El reconocimiento de la “segunda vía”, que es la más importante, peligrosa y expedita, implica que las seguridades ofrecidas por los amigos de don Ottón en el Congreso tienen un valor muy relativo. Cuando mucho, excluyen la posibilidad de una cancelación de beneficios mediante ley, que es la vía más compleja y menos probable. Al mismo tiempo, reconocer la existencia de una segunda vía magnifica la importancia de lo dicho por quienes están encargados de administrarla. En junio del 2006, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, declaró que sería un error para Costa Rica basar su programa de desarrollo económico sobre beneficios “de corto plazo”. Christopher Padilla, representante comercial adjunto, señaló: “Permítanme ser absolutamente claro en este punto: para beneficiarse del acceso sin aranceles a los EE. UU., los países del TLC… tendrán que ratificar el acuerdo. Los EE. UU. no mantendrán los beneficios unilaterales de la ICC para Costa Rica o cualquier otro miembro (dos años) después de que el acuerdo entre en vigencia”. Criterios legales. Es cierto, como escribí desde el principio, que la ley establece criterios para guiar la decisión presidencial sobre el otorgamiento y la cancelación de beneficios, pero no se reducen a las hipótesis extremas enumeradas por don Ottón. La lista es larga y crea un amplio margen para la acción presidencial. Ojalá nunca ocurra, pero Costa Rica ya es vulnerable ante de varios de esos criterios. Sin embargo, don Ottón, tan dado a acusar omisiones inexistentes, se resiste a subsanar las suyas, que sí son reales. Aparte de la enemistad, el comunismo y la falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, cosas que “nunca van a ocurrir” y por eso no vienen al caso, la ley permite al Presidente invocar el otorgamiento de trato preferencial a los productos de otra nación desarrollada (Costa Rica tiene un TLC con Canadá y pretende firmar otro con Europa), la negativa a proveer de acceso equitativo y razonable a los productos estadounidenses (alegato plausible si rechazamos el TLC), el incumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reco- nocidos (que ya fue alegado, sin razón, por los sindicatos) y el respeto a la propiedad intelectual (hace dos semanas, la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual pidió al Gobierno estadounidense incluir a Costa Rica entre las naciones carentes de controles adecuados). Don Ottón prefiere hablar de lo que “nunca va a ocurrir” y omitir los puntos verdaderamente relevantes para una discusión honesta. A tenor de lo señalado, una persona razonable concluiría que el riesgo de cancelación de las ventajas comerciales es real, pero no don Ottón, quien insiste en que “la ley no permite al Presidente eliminar los beneficios de la ICC a Costa Rica porque no ratifiquemos el TLC”. Por eso cité el criterio más específico contenido en la normativa estadounidense (párrafo 5Bii de la ley del 2000): el Presidente debe tomar en cuenta la medida en que el país beneficiario “participe en negociaciones dirigidas a completar el Área de Libre Comercio de las Américas u otro tratado de libre comercio”. Pero, según don Ottón, estoy confundiendo el requisito de “participar en negociaciones dirigidas a completar… un tratado de libre comercio”, con laobligación de ratificar el TLC que se haya negociado”. Es decir, si participamos y no ratificamos, estamos a salvo y los estadounidenses quedan obligados a mantener los beneficios concedidos unilateralmente. ¡Quizá baste con decir que estamos dispuestos a volver a participar! Otro subterfugio. Confrontado con el texto de la ley, don Ottón echa mano de un subterfugio lamentable. En apoyo de sus declaraciones, cita la carta recibida de dos congresistas que le aseguraron: “la Ley de Implementación del TLC no contempla la eliminación de los beneficios de la ICC si un país, incluyendo Costa Rica, no ratifica o no pone en práctica el TLC”. Eso es cierto. El problema es que estamos discutiendo sobre la ley de la ICC, no sobre la Ley de Implementación del TLC , que es una cosa muy distinta. Acto seguido, don Ottón pregunta a los lectores si prefieren creer a los congresistas o a mí. El ardid es tan obvio que apenas merece comentario. Basta decir que pueden creernos a ambos porque decimos verdades diferentes sobre textos totalmente diferentes. En un artículo anterior pedí a los lectores dudar de cuanto escribo y remitirse a las fuentes originales. Reitero el pedido y ofrezco, una vez más, la dirección donde pueden consultarse las leyes: www.mac.doc.gov/CBI/webmain/legislation.htm. Don Ottón no comprende lo que quiero decir cuando afirmo que da pena señalar tantas falacias, pero lo reitero porque confío en el entendimiento de los lectores.
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