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¿Una democracia atada? La indecisión y la satanización del acuerdo político han agravado, por muchos años, los problemas del paísLa identificación de la capacidad de decidir, en el marco legal, con la arbitrariedad favorece el extremismo La Sala Constitucional decidió a tiempo y a derecho la consulta planteada por la Asamblea Legislativa sobre la aplicación de la llamada “vía rápida” a los tratados de libre comercio y leyes conexas. En nuestro comentario editorial de ayer hicimos hincapié en que la Sala Constitucional, al aclarar “los nublados del día” sobre el procedimiento, “dio un claro y necesario impulso para la gobernabilidad de nuestro país, dentro del más absoluto respeto al Estado de derecho”. Es decir, la Sala Constitucional, al proceder en esta forma, contribuyó a despejar el camino para que nuestro sistema democrático no siga sufriendo mengua por uno de los males que con más fuerza y persistencia aquejan a los países latinoamericanos: el déficit de gobernabilidad. En este sentido, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa le han infligido a nuestro país, por muchos años, un grave daño. La indecisión y “el nadadito de perro”, enfermedad de la voluntad, ha causado estragos en la gestión pública y en el enfrentamiento con los problemas estructurales del país. El pecado de omisión, como se ha dicho, ha sido uno de los distintivos perversos de la política nacional, en el funcionamiento del Estado y en la vida de los partidos. El Gobierno actual se ha propuesto, desde el discurso inaugural del presidente Óscar Arias, atacar los problemas nacionales que, por años, se han acumulado. Esta pareciera ser igualmente la tónica en algunos sectores de la Asamblea Legislativa. En esta dirección se encamina, en el campo científico y en el tecnológico, la Estrategia siglo XXI, el Plan Nacional de Desarrollo y la decisión de acometer la solución de algunos problemas de envergadura en el orden de la educación, de la salud, de la infraestructura vial y portuaria, de la llamada tramitología, de la sectorialización del transporte público, de la seguridad ciudadana y de otros asuntos fundamentales para la calidad de vida y la convivencia en democracia. La reforma del reglamento interior de la Asamblea Legislativa constituye una parte fundamental de esta voluntad de decisión. Este reglamento, fuente de calculada indecisión, ha sido una de las principales rémoras de nuestro país. La decisión, entendida como capacidad de ejecución, es una necesidad vital del país y de nuestra democracia. Enfatizamos esta dimensión básica del gobierno y de la democracia por cuanto, de un tiempo a esta parte y al calor de los intereses políticos, ideológicos o personales, se pretende identificar la capacidad de decisión con la arbitrariedad y, como se ha dicho, hasta con el gobierno autocrático o dictatorial. Esta opinión es explicable en boca o pluma de dirigentes extremistas interesados en que no se resuelvan los problemas del país, mas no en otros sectores. Si al acto intelectual sigue la voluntad, como facultad básica del ser humano, la negación de esta en el marco democrático representa una aberración que contribuye a agravar los problemas morales, económicos y sociales de Costa Rica. Nuestro país clama, desde hace mucho tiempo, por acuerdos concretos en lo esencial, por la negociación política, imprescindible en la democracia institucional, y por la necesidad imperiosa de decidir, esto es, de pasar de la teoría a la práctica, de los proyectos factibles a su realización, de las promesas razonables a su ejecución. El rezago y el incumplimiento en estos campos han resquebrajado la confianza de los habitantes en el sistema político y hasta en el sistema democrático. Resulta, por ello, incoherente y en extremo peligroso clamar por lo contrario: la indecisión y la inacción, como expresiones de la democracia, o bien la descalificación de los dirigentes o de los partidos dispuestos a respaldar las tesis o los proyectos del competidor político o del Gobierno. La animadversión o el interés no deben llegar hasta este punto.
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