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Me quito el sombrero Armando Mayorga amayorga@nacion.com Si usara sombrero, me lo quitaría ante los regidores y la exalcaldesa de la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste. También me lo quitaría ante los directivos del IDA. Todos son ejemplares porque demuestran que en Costa Rica, sí se puede... Sí se puede actuar con celeridad ante las necesidades de cualquier ciudadano, cualquier pueblerino. Ellos sí saben de servicio al cliente. Ese modelo de eficiencia se trae abajo la ya común frase de los burócratas de mostrador, o de ventanilla, de que “haga fila”, de que “ahora no se puede”, de que “eso lleva su tiempito”, o de que “el sistema está caído”. Tales pretextos no existen en la Municipalidad de La Cruz ni en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) porque, ellos, con hechos, demuestran que si hay voluntad, el Estado puede dar un servicio de calidad a cualquier simple ciudadano. Las pruebas están allí. Un inversionista que necesitaba construir apartamentos para venderlos en $220.000 recibió , en una sola sesión del concejo de La Cruz, 18 concesiones de tierras con hermosa vista al mar. En algunas otras municipalidades, de seguro, habrían visto ese “combazo” de permisos como “una locura” y algún regidor habría pegado gritos con el discursito de “no se puede” o habría denunciado con mala intención de que “algo huele mal” en tanta diligencia. Pero, en La Cruz, no. Allí hubo entrega total, y, para que el señor saliera contento, le dieron tierras de una base policial. El IDA, que no pone peros a nadie, tampoco le puso peros al mismo inversionista y, en la sesión de junta del 28 de mayo del 2004, los directivos le levantaron las limitaciones legales que tenía para comprar 120 hectáreas que el Estado había dado a campesinos dos años atrás. Normalmente, tienen que pasar 15 años para que un parcelero pueda vender sus tierras, pero los directivos adivinaron que el inversionista necesitaba los terrenos ya, y, como entre 2 y 15 años no hay mucha diferencia, votaron. ¿Ven? ¡Sí se puede! Tal sentido de eficiencia ojalá lo viéramos en el resto de entidades estatales, que deberían empaparse de lo ocurrido en La Cruz y en el IDA. Por ejemplo, es hora de que los diputados, que se toman meses discutiendo un proyecto de ley, o la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, que tardan años en resolver un caso, averigüen cómo se logra tanta efectividad en La Cruz y en el IDA. Si lo descubren, me quito el sombrero.
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