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Política Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com Los diputados que estudian las reformas electorales retomaron el trabajo con la intención de presentar un dictamen al plenario en este año y recuperar el tiempo en el que el Gobierno mantuvo el proyecto fuera de la agenda legislativa. Aunque el plazo inicial de la comisión venció este mes, ahora tienen un año más de tiempo, pero pretenden usar solo seis meses para evitar que la discusión en el plenario se contamine con el próximo proceso electoral. Así lo advirtió Fernando Sánchez, diputado oficialista y presidente de la comisión que analiza varios cambios a la ley electoral. Ya hay acuerdos para que las campañas sean más cortas, prohibir a un candidato a diputado aspirar también a la Presidencia y trasladar los comicios municipales para un año después de los nacionales. En la agenda de la comisión están pendientes decisiones sobre la posibilidad de votar desde el extranjero, sobre la regulación de encuestas, el porcentaje de mujeres candidatas por cada partido y el financiamiento de partidos. Estos últimos temas son los más espinosos, reconoció Fernando Sánchez. “Hemos discutido mucho sobre el tema de género y nos falta aún unas audiencias; después haremos el debate para si es mejor que las papeletas se conformen con nombres intercalados según sean hombre o mujer”. La financiación de partidos es delicada porque toca los intereses directos sobre recursos para las campañas. “El Tribunal Supremo de Elecciones quiere cambiar eso y los partidos tuvieron muchos problemas para poder obtener los recursos de la deuda política. Hay una buena coyuntura”, expresó. La regulación de encuestas sería menos rígida que una polémica propuesta debatida hace meses. Seprohibiría publicarlas tres días antes de las elecciones (ahora son siete), y toda casa encuestadora deberá registrarse, aunque sea una universidad o un instituto. Sobre el voto desde el extranjero, este podría quedar habilitado en las sedes que atienen a principales colonias ticas, pero no es seguro que se pueda aplicar en el 2010. Las audiencias programadas se podrían acabar en tres semanas y después se iniciaría la discusión de mociones.
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