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Sociedad y Servicios Junta da permisos desde 1998 tras abolición de figura del gobernador Hassel Fallas hasselfallas@nacion.com Escuelas, asilos de ancianos, clubes de Leones y otras organizaciones de bien social ya no podrán realizar rifas para financiar arreglos urgentes o la compra de algún equipo necesario. Un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (que funge como abogado del Estado) aclaró que la Junta de Protección Social de San José (JPS) no tiene facultades legales para autorizar esos sorteos. Los únicos funcionarios autorizados para dar permisos eran los gobernadores de provincia. Sin embargo, esta figura fue abolida en 1998 con la aprobación del Código Municipal. Dado que los diputados no trasladaron esa tarea a otro funcionario o institución, la JPS trató de llenar ese vacío legal hace nueve años cuando asumió la labor de dar las aprobaciones. Empero, el 28 de mayo pasado, el procurador Fernando Castillo informó a la Junta de que ha venido actuando en forma ilegal. “La JPS no posee ninguna competencia, lo cual significa, en el eventual caso de que haya venido autorizando rifas u otros juegos de azar, que ha estado realizando una labor ilegal a la cual hay que ponerle coto en forma inmediata”, aseveró Castillo. El procurador emitió dicho criterio ante una consulta de la Auditoría Interna de la JPS sobre si la entidad tenía o no potestad para autorizar juegos como el ahora extinto “21 de la suerte”. Castillo determinó que no solo el gerente Luis Polinaris, sino la JPS en general, no pueden dar los permisos para rifas. Pero tanto Sergio Ramírez, presidente de la junta directiva de la JPS, como Polinaris, sostuvieron que la institución no ha incurrido en ilegalidades. Ante la inexistencia de un órgano competente para aprobar las rifas, miembros de colegios y organizaciones de bien social externaron ayer preocupación. “Con las rifas es con lo que ayudamos a las personas más necesitadas”, comentó Hilda Montero, presidenta del Club de Leones de San Sebastián, en San José. Por su parte, Sadí Juan Jiménez, director de la Asociación de Asilo de Ancianos Los Santos, en San Marcos de Tarrazú, aseguró que es a través de las rifas que los hogares solventan problemas específicos como la compra de pañales y equipos médicos, entre otros. “Me parece que por ser una institución de bien social, a la Junta debe concedérsele el derecho de seguir administrando el tema”, puntualizó Jiménez. Esta situación también afectará el plan que tenían los encargados del colegio Ricardo Fernández , en San Sebastián, de cambiar su peligrosa instalación eléctrica. Roberto Paniagua, director del colegio, comentó que necesitan ¢12 millones para evitar una emergencia y que pensaron en una rifa de acciones para recaudar el monto. Ahora no saben quién les dará el permiso y cuánto deberán esperar. Costumbre. Ante la decisión de la Procuraduría, la JPS presentó un recurso de reconsideración basado en la figura de la “costumbre” que establece la Ley general de la administración pública . “La Junta daba su criterio sobre las rifas de más de ¢100.000, (según la Ley de rifas y loterías) . Al eliminar la figura del gobernador, ese vacío lo llenó una costumbre”, argumentó Polinaris. Por su parte, Ramírez agregó: “La costumbre es válida y esperamos se nos permita seguir asumiendo la tutela de la actividad”. El procurador Castillo dijo que el recurso está en estudio pero advirtió que “lo prohibido por ley no se puede dar a un órgano que no está debidamente autorizado”. Indicó que el vacío solo puede subsanarse por vía legislativa.
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