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América Latina Gobierno niega haber intentado liberarlos y acusa a FARC de asesinarlos Bogotá. AFP. Once exdiputados provinciales secuestrados por las FARC desde el 2002 murieron en el ataque de un “grupo militar” a un campamento, según la guerrilla, pero el gobierno colombiano negó que hubiera ordenado su rescate y acusó a los rebeldes de haberlos asesinado. Los políticos formaban parte de un grupo de 56 rehenes a quienes las FARC exigen canjear por guerrilleros presos. Entre los cautivos se hallan tres estadounidenses, la excandidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, otros políticos, militares y policías.
Los exlegisladores del Valle del Cauca murieron el 18 de junio, mientras que el exdiputado Sigifredo López sobrevivió pues “no estaba en ese instante”, según un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar aun sin identificar atacó el campamento donde se encontraban”, señaló el texto. El grupo culpa al presidente Álvaro Uribe de las muertes, indicando que su “demencial intransigencia para llegar al canje y su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración lleva a tragedias como esta”. Pero Uribe negó que hubiera ordenado su rescate y acusó a las FARC de asesinar a los cautivos. “El gobierno acusa al grupo terrorista de las FARC del asesinato de los diputados”, señaló Uribe por televisión. Pidió ayuda internacional para buscar los cadáveres e investigar el hecho. Las FARC expresaron a los familiares de las víctimas su “profundo pesar por la tragedia. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los restos mortales lo más pronto posible”, añadió el comunicado.
Asimismo, aseguraron que en el área de los hechos –que no precisaron– “se desarrollan amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares (de ultraderecha), lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales”. También sostienen que las tropas “reciben apoyo de mercenarios extranjeros”. Uribe reiteró la versión militar de que no hubo intento de rescate porque no se conoce la ubicación del lugar de cautiverio, ni existen reportes de combates en las zonas del oeste del país donde se supone estaban los políticos. Previamente, el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, no descartó que las muertes sean producto de un choque entre guerrilleros y paramilitares. El 22 de junio Uribe renovó la orden de rescatar por la fuerza a los secuestrados, que había dado en mayo dos días después de conocerse la fuga de un policía cautivo durante casi nueve años. En París, el ministerio francés de Relaciones Exteriores subrayó que “el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido”. El canciller Fernando Araújo se reunió con los embajadores de Francia y España y con el representante de negocios de Suiza en Bogotá, a quienes pidió solidaridad. Los familiares de los cautivos se expresaron consternados y culparon a Uribe y a las FARC. “Por su intransigencia, radicalización y odio acabaron nuestros sueños”, dijo Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado Juan Carlos Narváez.
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