El presidente boliviano, Evo Morales
(AFP)
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LA PAZ (AFP) -
El gobierno boliviano emitió un decreto que reglamenta las licencias de funcionamiento de radios comunitarias, que serán otorgadas a partir de ahora según criterios fijados por el Gobierno, en una medida que ha generado algunas acusaciones de que se está restringiendo la libertad de expresión.
La norma del presidente Evo Morales establece procedimientos para la asignación de frecuencias radiales y licencias de funcionamiento en este país, ligados a criterios de propiedad sobre los medios, a los mensajes que se emiten y al alcance de las ondas de las emisoras.
Uno de los artículos del decreto, firmado el 20 de junio último y conocido este viernes, señala que "no accederán a una licencia de radio las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, dirigentes políticos, personas vinculadas a concesionarios de servicios de radiodifusión, sacerdotes, ministros de cualquier culto o personas jurídicas nacionales, departamentales o municipales o a través de terceros".
La Iglesia Católica en Santa Cruz -según la emisora Fides de su propiedad- manifestó su preocupación por el decreto presidencial que, en su criterio, restringe la dotación de licencia a las radioemisoras de nueva creación y la difusión de mensajes de tipo político, religioso o ideológico.
El sacerdote Marcial Chupinagua, desde el Arzobispado del Departamento de Santa Cruz, afirmó que esta normativa es un intento de "coartar la libertad de expresión y que se está privilegiando a algunos, tratando de favorecer sólo a unos, a aquellos que hablan bien del Gobierno".
El representante en Bolivia de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), con sede principal en Canadá, José Luis Aguirre, declaró a la AFP que "en cierta forma eso es cierto (que se coarta la libertad de expresión)", aunque aclaró que la entidad que representa emitirá una posición oficial.
Las radios comunitarias operan en Bolivia fundamentalmente en áreas rurales, su información está originada a promover el desarrollo social y mantienen independencia respecto a grupos de poder políticos o económicos.
Para AMARC, el decreto del presidente Morales "elimina el acceso de la sociedad civil al proceso de asignación de frecuencias", además de que las actuales radios comunitarias deberán adecuarse a la nueva norma en un plazo de seis meses.
Según el diario La Razón en Bolivia existen en total 890 emisoras, de las cuales unas 19 son consideradas oficialmente comunitarias y otras 25 ligadas al oficialismo, bajo el denominativo de "radios originarias", instaladas con el apoyo financiero del gobierno de Venezuela.
El decreto gubernamental también indica -según el mismo rotativo- que las emisoras comunitarias "no pueden emitir mensajes políticos, sino puro material educativo y cultural y de apoyo a la comunidad y que en cuanto a su alcance no debe sobrepasar los límites de su municipio".
El secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Remberto Cárdenas, indicó que su organización sindical "rechaza todo intento de limitar el derecho a informar, comunicar, opinar e interpretar" y acotó que la norma gubernamental contradice los principios del Convenio de San José sobre derechos civiles .
La vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Sandra Aliaga, dijo a la AFP que compartían las preocupaciones de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de su delegado Aguirre.
La reciente medida deja fuera de su alcance a las radios que fueron inauguradas por el Gobierno porque, según dijo el director de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, Gastón Núñez, son emisoras "culturales".
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