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Defensoría denuncia abandono de las comunidades isleñas Jerarca se queja por ‘gran deuda social’ con vecinos del golfo de NicoyaDefensora Lisbeth Quesada solicita urgente intervención estatal en la zona Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com Los pobladores de las islas del golfo de Nicoya se encuentran abandonados por el Estado en temas como salud, educación y vivienda, según denunció ayer la defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada. Ante el plenario legislativo, Quesada afirmó que si bien hay presencia de entidades estatales en esos territorios, el crecimiento de la población hace insuficientes los servicios que brindan. A manera de ejemplo, la funcionaria informó de que en esa islas hay solo un Equipo Básico de Atención Integral en Salud (Ebais) y una escuela unidocente. La Defensora hizo la denuncia durante una comparecencia en el Congreso para presentar el informe anual de labores del período 2006-2007. Miles. En el golfo de Nicoya existen alrededor de 30 islas. Entre ellas se encuentran Caballo, Venado y Chira, la más grande de todas. Solo en Chira y Venado viven unas 4.000 personas. Allí, según Quesada, una importante cantidad de personas viven dentro de los 50 metros de playa destinados a uso público. La mayoría de ellas se dedica a la pesca. “Un eventual desalojo conllevaría un problema social que debe ser atendido por las autoridades municipales y nacionales”, advirtió. Durante su intervención, pidió “una urgente intervención estatal” en la zona así como promover una mejora en la calidad de vida de la población en armonía con la naturaleza y el régimen jurídico. La funcionaria sostuvo que ninguno de los proyectos que existen en la corriente legislativa para mejorar el uso de suelos en las islas soluciona el problema. Quesada sostuvo que se requiere un enfoque integral que involucre aspectos sociales, económicos y ambientales, los cuales deben ser atendidos por políticas de desarrollo y ordenamiento territorial. La Defensora de los Habitantes explicó que la propuesta de “desafectación” (declarar que un bien de dominio público queda desvinculado del uso público) abriría un portillo que perjudicará la población y el medio ambiente.
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