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EDITORIALEl buen juicio El caso del agua contaminada con cromo, en Belén, y el secretismo consiguiente deben hacernos reflexionarCuando existe algún riesgo personal o colectivo, la información y la transparencia son imprescindibles La decisión de operar a un enfermo depende de los médicos, de las personas especializadas para tan importante menester, y no de algún enfermero o de una secretaria. La construcción de un puente está a cargo de profesionales en la materia, en el marco de la ley, y no de un peatón o de un vecino. En el campo deportivo, la conducción de un equipo se pone en manos de una persona versada o experimentada, no del cobrador de las cuotas del club. En fin, se supone que el estudio y la legitimación para ejercer una profesión tienen la última palabra. Si así no fuere, cundiría la anarquía y estarían en peligro los derechos fundamentales de las personas. Además, los títulos, la experiencia, la autoridad y, en general, la vida en sociedad o en soledad requieren el condimento imprescindible del buen juicio, de la razón práctica, del sentido común. Sin estas armas no podemos sobrevivir. De este modo, y para llegar al grano, si un funcionario público recibe un informe donde se documenta, tras un análisis científico, y hasta a ojo de buen cubero, que una comunidad está en riesgo por la contaminación del agua, su deber es informar, de inmediato, a sus superiores y, ante la inacción de estos, a otras autoridades, a tiempo y a destiempo, hasta que la información llegue a las personas obligadas a actuar, así como a la comunidad. En este campo, como en otros, la información es vital y el secreto, mortal. El escenario de este drama humano se montó en el cantón de Belén, donde se descubrió, en la naciente que abastece de agua a la comunidad, que aquella contenía cromo. Los niveles de la sustancia descubierta superaban la cantidad máxima permitida por la Organización Mundial de la Salud. Hoy se informa de que no representaba un peligro inmediato para la salud de los habitantes. La Municipalidad de Belén reportó el hecho en julio del 2006 y el 6 de septiembre, un día después de recibir los análisis del laboratorio, lo comunicó a la oficina del Ministerio de Salud de Belén-Flores. Sin embargo, el director de esta Área de Salud decidió no clausurar la naciente ni informar, basado en posteriores reportes técnicos reveladores de una disminución de los niveles de cromo en el agua. Su oficina –expresó– “logró controlar la situación”, aunque el cromo, según manifestó, se pudo mantener en el agua en diferentes niveles durante tres meses. Tal como informamos anteayer, este episodio de contaminación se manejó confidencialmente. Este es el aspecto que nos interesa destacar, aun en la eventualidad de que el riesgo haya sido leve. El Concejo Municipal no conoció el informe, por omisión ajena, y la oficina del Ministerio de Salud actuó por sí y ante sí. Nos preguntamos si este es el procedimiento correcto, máxime que se trata de dos instancias básicas en estos asuntos. El buen juicio nos indica que, en materia tan principal, la mayor información y transparencia para un debate apropiado son necesarias. Resulta, por ello, inconsecuente el secretismo en el municipio de Belén y en la oficina Belén-Flores del Ministerio de Salud. Si el riesgo de la contaminación habría sido mayor, las consecuencias habrían sido muy graves. Sirva este episodio para plantear un tema que, en la reforma de las instituciones públicas y en la capacitación de los funcionarios, generalmente se desdeña. Nos referimos a la ética de la responsabilidad y a la perogrullada de revalorizar la capacidad lógica, la recta razón y el sentido común en la toma de decisiones.
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