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Negociación con Nicaragua VÍCTOR HUGO MURILLO S. vhmurillo@nacion.com Es normal, necesario e, inclusive, deseable que los Estados negocien en relación con diversas aristas de sus vínculos. Hace dos semanas, el canciller Bruno Stagno anunció que nuestro país y Nicaragua negocian en torno al diferendo sobre la navegación de costarricenses (con fines de vigilancia policial y turísticos) en aquella parte donde el río San Juan es frontera natural. Eso sí, agregó, Costa Rica no ha desistido de la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia. Prefirió no adelantar detalles del proceso, lo que es natural y entendible en situaciones como la citada. La noticia inquieta no por el hecho en sí (la negociación), sino por los términos en que esta se plantea y los resultados que podría arrojar. Es de sobra conocido que, para los nicaragüenses, el San Juan es un hito en su política exterior: representa la defensa de su soberanía y de los apetitos ticos por apoderarse de él. Esta convicción se refuerza, día a día, en el imaginario popular con el recuerdo del “despojo” del territorio del Partido de Nicoya, en 1824. Tal actitud ya representa de por sí un obstáculo muy grande en cualquier tratativa bilateral en la que esté de por medio el San Juan. Recuérdese que inmediatamente después de que Managua prohibió el paso de policías ticos por el cauce, los presidentes Alemán y Rodríguez convinieron en un mecanismo que permitía ese tránsito coordinado con las autoridades vecinas. El acuerdo se vino al suelo por la furiosa reacción del Parlamento nicaragüense. ¿Qué y cuánto puede ofrecer Daniel Ortega que satisfaga los intereses de Costa Rica y no levante roncha en su país? ¿Verdaderamente hay espacio para la negociación bilateral, dado que el tema es generador de pasiones y también de excesos nacionalistas? El Gobierno debe estar muy atento pues hacer depender un convenio del humor de los diputados nicaragüenses sería un craso error. El país debe ir tras una solución duradera, con sólida legitimidad y garantía internacional. De no ser así, es preferible que sea la Corte, con autoridad y jurisdicción reconocidas, la que falle sobre los alegatos expuestos por cada parte y esclarezca, de una vez por todas, el diferendo sobre el río San Juan.
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