Evo Morales en la cumbre de la CAN
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LA PAZ (AFP) -
La Asamblea Constituyente, que tiene hasta agosto para aprobar una nueva Carta Magna en Bolivia, podría ampliar ese plazo por la crítica falta de consenso entre oficialismo y oposición, pues más de diez meses después de instalada, no ha aprobado ni siquiera un artículo.
El presidente indígena Evo Morales, cuyo partido el Movimiento Al Socialismo (MAS) controla el 53% de los 255 escaños en el ente deliberativo, reconoció este viernes que "el tiempo para los asambleístas es insuficiente" y se inclinó por una prórroga de actividades.
La Asamblea fue instalada en agosto de 2006 en Sucre (740 km al sureste de La Paz) con el mandato de que en un año debería aprobar una nueva Constitución, pero hasta la fecha sólo algunas comisiones han presentado sus propuestas de articulado para comenzar el debate en las plenarias.
De las 21 comisiones de la Asamblea, sólo seis han entregado a la directiva del foro boliviano sus planteamientos, pese a que el plazo para cumplir este cometido termina este viernes, informó su oficina de comunicación y prensa.
Además, la asambleísta del MAS Mirtha Jiménez reconoció que "un 80% de los temas que trata la Asamblea no fueron consensuados" y acusó a la agrupación de derecha Podemos, la principal fuerza de oposición, de bloquear el trabajo de concertación.
Desde agosto de 2006 hasta enero de 2007, los delegados se entramparon en la modalidad de voto para aprobar a mano alzada la nueva Constitución: 50% más un voto (128 de 255 escaños) que proponía el oficialista MAS y grupos indígenas y dos tercios (170) que demandaba la oposición, con el respaldo de cuatro provincias del norte, sur y este de Bolivia, entre ellas la próspera Santa Cruz.
Entre marzo y abril, los 255 asambleístas viajaron por todo el país para recoger de las regiones propuestas para la nueva ley fundamental y recibieron en audiencias públicas a organizaciones de la sociedad civil con el mismo propósito. Se estima -según conteos de medios locales- que unas 3.000 propuestas confluyeron en Sucre.
Entre mayo y junio, las comisiones comenzaron a redactar sus propuestas de articulados, pero las discrepancias internas, principalmente entre el MAS y Podemos, por visiones de país y derechos y garantías ciudadanas, se convirtieron en el primer escollo.
A ello se sumó la exigencia de las provincias de la rica Santa Cruz (este), la gasífera Tarija (sur), la ganadera Beni (noreste) y la amazónica Pando (norte), cuyos gobernadores y líderes civiles son fieros opositores a Morales, de que se les reconozcan modelos de gobiernos autónomos para descentralizar las funciones públicas que controla La Paz.
El presidente Morales y organizaciones campesinas afines a él han respondido que se deben aprobar las "autonomías indígenas" para reconocer la condición de nación de 36 etnias y grupos originarios, con el fin de reparar una injusticia cometida desde que comenzó la conquista española hace cinco siglos.
El trabajo a marchas forzadas de la Asamblea motivó que surjan propuestas, además del presidente y jefe del MAS, de ampliar el tiempo para las deliberaciones, por la imposibilidad de aprobar la nueva ley fundamental antes de que expire el plazo en agosto.
El vocero del MAS en la Asamblea, Marco Carrillo, opinó que todos sus colegas necesitan de dos a cuatro meses más para acabar con el trabajo encomendado, "porque va a ser muy difícil terminar en el tiempo previsto".
El asambleísta independiente Jorge Lazarte también se inclinó por prolongar las deliberaciones de "tres a cuatro meses".
Sin embargo, también han surgido nuevas discrepancias sobre quién debe aprobar una prórroga del trabajo más allá de agosto: si es la misma Asamblea o el Congreso, que con una Ley aprobó el año pasado el nacimiento del ente deliberativo.
El asambleísta de Podemos Antonio Aruquipa señaló que es el Congreso el que debe dar luz verde a una resolución, mientras que delegados del MAS se inclinan por evitar este camino y tomar por sí solos la decisión.
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