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Seguridad despedirá a 40 policías por faltas graves Los vinculan con robos, tráfico de drogas y también a abuso de autoridadHay agentes que piden dinero para reparar patrullas pero se dejan la plata Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com Al menos 40 oficiales de la Fuerza Pública podrían ser despedidos por graves irregularidades en el desempeño de su cargo. En la mayoría de los casos es por actos de corrupción. Se trata de policías ligados por fechorías que van desde el cobro de dinero a indocumentados, el decomiso ilegal de dinero, así como ayudar a delincuentes. El caso más reciente se registró en Barú de Pérez Zeledón, donde detuvieron a un oficial de apellido Portugués por cobrar $1.000 a una indocumentada. Otro agente de la Fuerza Pública, de apellido Hidalgo, fue capturado el 26 de mayo en Pital de San Carlos por participar en un asalto a mano armada junto con reconocidos hampones de la zona. La Inspectoría General del Ministerio de Seguridad Pública, creada hace un año para “fiscalizar el trabajo policial”, ha investigado a 187 oficiales por diversas anomalías. Según el Comisario Francisco Sáenz, director de esa dependencia, muchos casos están relacionados con el cobro de dinero a particulares, abuso de autoridad, así como abusos sexuales. También han solicitado medidas disciplinarias contra policías “que hacen mal uso de los recursos que se les encomienda” y por problemas con la ingesta de licor. Algunos policías, tanto en San José como en zonas alejadas de la capital, solicitan “donaciones” a vecinos y comerciantes para “reparar una patrulla o mejorar la delegación, pero se dejan el dinero. Los inspectores también han solicitado sanciones contra miembros de la Fuerza Pública por utilizar las patrullas para “asuntos personales” y porque “se prestan para mordidas”. Otros fueron sorprendidos en zonas alejadas del sitio donde estaban asignados, lo cual, casi siempre, se presta para irregularidades, precisaron las autoridades. Además de delitos sexuales y hurtos, varios agentes fueron suspendidos por sus vínculos con bandas de narcotraficantes y organizaciones mafiosas dedicadas al trasiego de armas de guerra. Ese fue el caso de dos policías de apellido Rojas y Acosta, a quienes detuvieron el Jueves Santo con 52 armas de guerra, entre ellas ametralladoras AK-47, M-16 y Galil. También pistolas con mira telescópica, rifles y 30.000 balas. Otro oficial, de apellido Duarte, es investigado por apoderarse de cuatro kilos de cocaína que decomisó a un traficante en Cahuita de Limón. La situación de los 40 oficiales cuestionados será definida en los próximos meses. Muchos se encuentran suspendidos pero con goce de salario por orden de la Sala Constitucional.
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