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EDITORIALEstrategia antidemocrática El país y los tribunales deben tomar decisiones determinantes en los próximos mesesActos y señales preocupantes: campañas de difamación por Internet y amenazas contra los jueces penales, los fiscales, los testigos, la Sala Cuarta, el TSE y un sector de la prensa La fiscal del Ministerio Público, Giselle Rivera, ha sido sometida a amenazas de muerte o contra su integridad física en el caso del juicio sobre el asesinato de Parmenio Medina Pérez, ocurrido el 7 de julio del 2001. La más reciente intimidación está documentada en una carta depositada en el Tribunal de Juicio de San José, pocos días antes de la etapa de conclusiones del juicio contra nueve imputados. Esta es una técnica típica del crimen organizado. Siempre hemos estado prontos a informar sobre estos hechos delictivos, encaminados directamente a entorpecer la acción de la justicia. También hemos manifestado nuestra opinión sobre estos actos en forma categórica. Nuestros jueces y, en general, todas las personas objeto de amenazas o coacciones, en el cumplimiento de sus deberes, deben sentir el apoyo del Estado y de la opinión pública. Nuestro Estado de derecho depende, en gran parte, del coraje y responsabilidad ética de estos funcionarios. Bien han hecho, por ello, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en brindarles protección especial a los que sufren esta persecución, cada vez más frecuente, en forma directa o por medio de sicarios. El crimen organizado, sin antecedentes tan frecuentes en nuestra historia policial, es uno de los mayores desafíos para el Estado de derecho, la democracia y la paz social. Las amenazas contra los jueces y los testigos, en este proceso penal, no constituye, sin embargo, un caso aislado. Forma parte de un proceso de resquebrajamiento de los valores democráticos y de la convivencia ciudadana, enmarcada en una estrategia perversa contra las instituciones públicas, contra la institucionalidad democrática y contra las personas que, directa o indirectamente, tienen a su cargo funciones de primer orden o deben tomar decisiones que, de alguna manera, afectan los intereses económicos, políticos o ideológicos de ciertos grupos. No es de extrañar, por ello, que parte de esta estrategia se enderece preferentemente contra la acción de la justicia y contra la libertad de expresión, garantías de un sistema democrático sólido y eficaz. Las informaciones sobre amenazas contra la institucionalidad democrática, contra la legitimidad del proceso electoral, contra la administración de justicia y contra la libertad de expresión abundan en los medios de comunicación en estos años. Han conformado una constante que algunos no toman en serio, suponiendo que nada pasará, pero que están documentadas como señales inequívocas y ominosas contra los valores básicos de nuestra patria. Sus blancos o víctimas han sido el Ministerio Público, los jueces penales, la Sala Constitucional, el Tribunal de Elecciones y algunos medios de comunicación, en particular, los que han cumplido con el deber de informar y de investigar sobre graves desviaciones éticas y legales en la función pública. Aún más, la deformación ha llegado a tal grado que esta labor informativa e investigativa se la descalifica con términos tales como juicios mediáticos o justicia mediática. Tampoco se ha tenido reparo en pedir públicamente el control estatal de los medios de comunicación. Esta saga o estrategia intimidatoria se ha acompañado, a la vez, de la proliferación de mensajes difamatorios, anónimos, la mayoría, pero con objetivos comunes, generalmente por Internet, contra los funcionarios, los dirigentes políticos o los periodistas que sencillamente están dispuestos a cumplir con su deber. Las señales, las palabras y los actos reales han sido y son demasiado significativos y constantes como para no reparar en ellos con honda preocupación, si bien, eso sí, con valor moral y sentido del deber. Así lo impone la responsabilidad democrática e institucional.
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