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Escándalo en EE. UU. de fiscales cesados se aviva Washington. EFE. El escándalo sobre el despido de ocho fiscales federales en diciembre, en el que se ha visto implicado el secretario de Justicia de EE.UU., Alberto Gonzales, se avivó ayer con el llamamiento a declarar en el Congreso a dos exaltos cargos de la Casa Blanca. Es la primera vez que se extiende una citación a funcionarios o a exaltos cargos de la Casa Blanca en relación con este caso. El Comité Judicial del Senado citó a declarar el próximo 11 de julio a la exdirectora política de la Casa Blanca, Sara Taylor, y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, un día después a la exasesora legal del Gobierno Harriet Miers, según fuentes del Congreso. Taylor renunció a su puesto en la residencia presidencial hace unas semanas, mientras que Miers lo hizo en enero. Tanto el Congreso como el propio Departamento de Justicia investigan el cese de los fiscales, que los demócratas y algunos republicanos críticos consideran que tuvo una motivación política. En la carta remitida a Taylor por el presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, para su citación, le recuerda a la exdirectora política de la Casa Blanca que tiene hasta el próximo 28 de junio para entregar una serie de documentos que se le solicitan. Por su parte, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, fue el encargado de remitir su citación a Miers, en la que también le solicitan una serie de documentos, de cuyo contenido no se ha informado. Leahy y Conyers también han pedido a la Casa Blanca una serie de papeles que consideran necesarios para seguir la investigación. Al respecto, el Senado, en una medida meramente simbólica, desestimó el lunes un voto de no confianza contra Gonzales por su vinculación directa con el despido de los ocho fiscales. El caso tomó visos de escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon con detalle la salida de los juristas, aunque el secretario de Justicia ha insistido en que “ningún fiscal ha sido cesado por razones impropias”. Esta polémica ha originado ya la dimisión de tres cargos del Departamento de Justicia.
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