Selva amazónica en Brasil
(AFP)
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MANAUS, Brasil (AFP) -
El ente que fiscaliza los millones de km2 de selva de Brasil, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), está plantado en una huelga que cumple un mes este jueves, enfrentado al gobierno que lo dividió en dos.
"No queremos un medio (1/2) ambiente, queremos la naturaleza entera", dice un cartel a la entrada del Ibama en Manaus, el corazón de la Amazonía brasileña, mientras en la sede central en Brasilia una asamblea de trabajadores decidía este jueves mantener la huelga iniciada el 14 de mayo.
El Ibama fue creado hace casi dos décadas, cuando no había ministerio de Medio Ambiente, para ejercer de gestor ambiental de Brasil, un país que acoge la mayor selva tropical del planeta y otros gigantescos ecosistemas únicos.
"En 1988 la repercusión mundial de la deforestación de la Amazonía fue tan negativa que los bancos multilaterales suspendieron financiaciones a Brasil. Eso llevó a la creación del Ibama", explica su primer presidente, Fernando César Mesquita.
El instituto guardián de la naturaleza enfrenta ahora una revolución: su reestructuración, con el cierre de numerosas oficinas, y su división, con la creación del Instituto Chico Mendes (en honor al líder ambientalista asesinado en 1988) que gestionará las unidades de conservación (parques y reservas).
El Ibama mantendrá la protección de las otras áreas verdes y la autoridad sobre los permisos ambientales.
El problema es que la reestructuración surgió en medio de críticas de una parte del gobierno por la demora del Ibama en otorgar licencias ambientales a la construcción de dos hidroeléctricas en la Amazonía. Muchos trabajadores del Ibama consideraron la división una medida de presión.
"Tenemos el control (ambiental) en la sangre y trabajamos de la manera más heroica posible, con un número de efectivos muy inferior al necesario y sin medios. Somos ahora un fiscal cada 480.000 hectáreas; si nos dividen, cada uno tendrá que vigilar 700.000 hectáreas. Peor: con el cierre de oficinas, haremos labores de administración, lejos del campo de acción", denuncia en Manaus el funcionario del Ibama Marcelo Dutra.
"El Ibama fue la marca más reconocida y confiable de Brasil a nivel internacional, pero estamos perdiendo espacio", afirma Dutra, acusando al gobierno de no haber dotado de medios y efectivos a estos policías de la selva, como hizo con la prestigiosa Policía Federal.
La prioridad de los huelguistas es convencer al Senado de que no apruebe la reestructuración, ya votada el martes por la Cámara de Diputados.
El gobierno asegura que la reestructuración garantiza la "eficiencia de la gestión ambiental", en palabras del viceministro de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco, un reconocido ambientalista, como la propia ministra, Marina Silva.
El Ibama tiene el papel clave de coordinador del plan nacional de combate a la deforestación, prioridad ambiental del gobierno. Con ese plan, Brasil redujo en 52% la más que preocupante deforestación amazónica en los dos últimos años.
"El Ibama no pierde fuerza con la reestructuración ni pierde su función de policía ambiental, al contrario, la perfecciona", aseguró a la AFP en la sede central del instituto en Brasilia su director de Protección Ambiental, Flavio Montiel.
El responsable defiende que el instituto se adapte a los nuevos tiempos en los que el control de la selva no se hace desde una oficina remota y aislada, sino con reportes de deforestación en tiempo real y vía satélite, en coordinación con la agencia de inteligencia y la policía federal, con los que se llevan a cabo operaciones conjuntas en puntos geográficos exactos.
Incluso porque muchas veces a un delito ambiental (que va desde la biopiratería, cada día más en boga, hasta el tráfico de animales silvestres o maderas preciosas, a la minería ilegal) se le asocian otros paralelos, como tráfico de drogas o trabajo esclavo.
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