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Fiscalía solicita 50 años para acusado por incendio Demandantes civiles reclaman indemnización por ¢519 millonesTribunal de Juicio dictará sentencia mañana, a partir de las 4 p. m. Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com El Ministerio Público solicitó ayer una pena de 50 años de prisión contra Juan Carlos Ledezma Sánchez, acusado por el incendio que destruyó parte del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Durante la deflagración, que según la Fiscalía fue “provocada” por Ledezma, murieron 19 personas, la mayoría pacientes. La lectura de la sentencia está prevista para mañana, a partir de las 4 p. m. Aquel pedido lo hizo la fiscal Pablo Guido, quien recordó que al menos tres testigos ubicaron a Ledezma “saliendo de la bodega donde se inició el fuego”. La funcionaria reconoció durante su comparecencia ante el Tribunal de Juicio de San José que “no existen pruebas directas”, pero eso no lo salva de “su responsabilidad en el incendio”. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos no lograron determinar las causas del siniestro, que ocurrió la madrugada del 12 de julio del 2005. Sin embargo, el OIJ descartó que las llamas fueran producto de un cortocircuito y lo atribuyó a “mano criminal”. Ledezma enfrenta cargos por incendio y 19 homicidios calificados. El acusado miró a la fiscal cuando esta decía por qué debían condenarlo, pero se abstuvo de declarar. Según Guido, las pruebas testimoniales incriminan al acusado quien “estaba en el sitio donde inició el incendio”. Recordó que Ledezma se hacía pasar por asistente de enfermería, bombero y otras especialidades para las que no estaba capacitado. “Todavía hay 19 familias que lloran a sus muertos”, expresó. La fiscal también solicitó a los jueces ampliar durante seis meses más la prisión preventiva del sospechoso para evitar un eventual intento de fuga. Ledezma se encuentra recluido en la Unidad de Admisión de San José, al sur de la capital. Millonaria acción civil. Mientras tanto, Alfonso Pérez Gómez, padre de Alfonso Pérez Alvarado, de 17 años y quien murió en el incendio en el hospital, demandó a la CCSS el pago de ¢519 millones como acción civil resarcitoria. Ese dinero, según su abogado, Carlos Gómez Ramírez, se entregará a una fundación que llevará el nombre del muchacho. “Es dinero de los asegurados con el que se financiarán programas de estudios y otras ayudas para niños y jóvenes necesitados”, aseguró el profesional. La familia Pérez responsabilizó a la CCSS por el siniestro, pues “debía velar por la seguridad de las personas internadas”.
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