|
|
 |
|
 |
|||
|
|
¿Para el subdesarrollo? ¿Hasta dónde llegará la improvisación en “la cosa pública” por ignorar la ley de planificación?Johnny Meoño Segura ¿Qué clase de expertos en procesos públicos no costarricenses están embarcando al Gobierno en cambios que no llevarán a “una mejor administración pública” y que más bien acarrean al Poder Ejecutivo del ramo de planificación una responsabilidad por incumplimiento de sus concretas y claras competencias legales? Confieso que el nuevo Gobierno me generó la “ilusión” de que iba a transformar la actividad de planificación para bien del país, máxime con un “jefe” que repite en la Presidencia por segunda vez y que fue ministro de Planificación varios años hasta 1977. Las decisiones tomadas en este “ramo”, sin embargo, retrotraen más bien los procesos públicos y políticos de los que Mideplan es único responsable con el Presidente, al simplismo inocuo que mostraban hace exactamente 33 años. Veamos. Primero, se reactivó la organización del Gobierno por “sectores” desde el 8 de mayo bajo ministros rectores –lo cual aplaudí–, pero con serios vacíos que limitan la eficacia del “esquema”, tales como omitir en particular la indispensable proyección regional de los sectores, la reactivación de oficinas sectoriales de planificación de apoyo a los ministros como rectores, y las comisiones consultivas con la sociedad civil para facilitar la concertación sociopolítica continua, no aleatoria o circunstancial. Segundo, se le dio la espalda en julio pasado a las regiones eliminando los “consejos regionales” y sacando a Mideplan de la esencial coordinación operativa de instituciones y sociedad civil en ese ámbito. Finalmente, se produjo un plan de desarrollo con serias contradicciones conceptuales, jurídicas y programáticas inclusive a nivel de “metas”. El último error se da con el Decreto N° 33713-PLAN de abril de este año, en el cual se regresa a una situación que el país había superado hace 32 años cuando Mideplan era Ofiplan y se aplicó con gran éxito, siendo don Óscar Arias ministro, el mandato legal de “modernizar” las instituciones pero actuando sobre conjuntos de ellas en el ámbito de sectores y regiones, o sea, con visión y desempeños unitarios. Errados e irracionales. Hoy, se regresa a un escenario bizarro y arcaico en esta materia –como si el tiempo no hubiera pasado–, con anuencia incomprensible del propio Presidente: “delegar” en los jerarcas la modernización unilateral de sus instituciones. Se trata de una decisión que ignora hechos y conexividades orgánicas y funcionales impuestas por nuevas leyes posteriores a 1974, que condena al fracaso el objetivo del propio Presidente y del país de “lograr una mejor administración pública”. Sobre todo, resulta inadmisible en un Gobierno que se organizó por sectores bajo “ministros rectores”. ¿No hay nadie cercano al Presidente con visión y experiencia, que “huela” que cada ente buscará en estas “nuevas” condiciones, en el mejor estilo tico, modernizarse y “flexibilizar” sus trámites a su antojo, y que ello llevará a una ineficacia o imposibilidad de cada “sector” para ganarles la lucha a los problemas nacionales que requieren acciones conjuntas que no se justifican en cada ley particular de cada ente, sino en leyes superiores y en criterios globales y unitarios –o sea, de sector–, como en pobreza, producción, salud, educación, ambiente…? Si en el Gobierno realmente entienden de qué trata el “esquema sectorial” adoptado en mayo, sabrán que son esos “ministros rectores” quienes deben liderar, bajo la tutela proactiva –no contemplativa– de Mideplan, dicha modernización de instituciones con visión, instrumentos y sustento legal de conjunto. Sin embargo, ahora quedan guindando de la brocha. ¿Hasta dónde llegará esta improvisación alrededor de “la cosa pública” por dársele la espalda a la propia ley de planificación con argumentos jurídicos, sociopolíticos y técnico-administrativos errados e irracionales, o sea, jalados del pelo? ¿Qué nos pasa? Solo la Contraloría de la República, ahora con las pilas bien puestas en estos “asuntitos” normativos podrá ayudarnos. Es cierto que la mayoría de gobernantes los ha administrado hasta hoy como les ha venido en gana, pero me late que llegó el momento en que la Contraloría no dejará que tan crasos horrores de “gestión pública” que tan negativamente afectan la racionalidad y eficacia de la “hacienda pública”, se sigan cometiendo impunemente. Y… la Defensoría de los Habitantes, ¿seguirá asumiendo que estos asuntos no tienen nada que ver con los derechos de los habitantes?
|
|
|||
 |
|
|
© 2007. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 247-4747. Servicio al cliente: (506) 247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 247-5022. CONTÁCTENOS |
